17 de marzo de 2026. La comisión del Congreso que investigó hasta noviembre de 2025 el desplome de la criptomoneda $LIBRA presentó una denuncia contra el fiscal a cargo, Eduardo Taiano, al que acusa de «entorpecer» la investigación y de posibles actos de encubrimiento; la acción, informada este lunes por los diputados que integraron la comisión, busca que la Justicia avance en citaciones y que el Ministerio Público Fiscal evalúe el apartamiento del funcionario.
El caso $LIBRA se convirtió en un escándalo público luego de que, en febrero de 2025, el presidente Javier Milei elogiara el proyecto en redes y su mención coincida con una súbita suba y posterior desplome del valor de la moneda, que dejó pérdidas millonarias en inversores. Según los peritajes informáticos citados por la comisión y difundidos por la prensa en las últimas semanas, en noviembre de 2025 se recuperó del teléfono de uno de los implicados el borrador de un contrato entre Milei y el promotor estadounidense Hayden Mark Davis por alrededor de cinco millones de dólares, y registros de llamadas con empresarios que vincularían al presidente con la operatoria.
Fundamentos de la denuncia y pedidos al procurador
Los legisladores que presidieron la comisión sostienen que, pese a estas pruebas técnicas difundidas recientemente, la fiscalía no avanzó con las medidas mínimas esperables: no hubo citaciones a indagatoria ni pasos procesales significativos durante meses. Por eso anunciaron que presentarán en los próximos días una denuncia formal ante el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitando que se investigue la conducta del fiscal Taiano y evaluando su remoción del expediente.
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"Está absolutamente probado que el lanzamiento y la promoción de $LIBRA no fue improvisada ni accidental por parte del presidente. Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación", dijo el diputado Maximiliano Ferraro, expresidente de la comisión investigadora.
La comisión también comunicó que pedirá informes escritos al Poder Ejecutivo para que funcionarios que estuvieron en contacto con el mediador Mauricio Novelli —entre ellos, señalaron, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei— detallen el contenido de esas comunicaciones en los minutos previos y posteriores al lanzamiento de la criptomoneda.
Peritajes, llamadas y el supuesto contrato de cinco millones
Los resultados periciales mencionados por los diputados constituyen el sustento central de sus acusaciones: según el informe revelado por la prensa, se recuperaron mensajes y un borrador contractual que apuntan a un acuerdo económico entre representantes de $LIBRA y el entorno presidencial. La documentación incluiría comunicaciones entre Milei y Novelli, quien habría actuado como nexo con Hayden Mark Davis, figura clave detrás de la criptomoneda.
Los miembros de la comisión interpretan esos hallazgos como prueba de que la operación fue coordinada y no un simple impulso testimonial del presidente. Al mismo tiempo, subrayan que los hallazgos estuvieron disponibles para la fiscalía desde noviembre de 2025 y que pasaron meses sin que se concretaran citaciones ni diligencias que la comisión considera urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
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Respuesta oficial y el llamado a "dejar trabajar a la Justicia"
Tras la conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, rechazó las imputaciones públicas de los diputados y calificó las acusaciones de "imprudentes" en una entrevista televisiva, al tiempo que señaló que Milei no está imputado en la causa. El funcionario reclamó que se permita a la fiscalía continuar su investigación sin presiones políticas y pidió prudencia en las atribuciones de responsabilidad.
La denuncia parlamentaria contra Taiano y el pedido de informes al Ejecutivo abren un nuevo capítulo político y judicial de un expediente que ya generó repercusiones en la arena pública y en los mercados. Los diputados insisten en que, si la fiscalía no actúa, recurrirán a todas las instancias procesales para que se investigue el posible entorpecimiento y el eventual encubrimiento.
En los próximos días se esperan las presentaciones formales ante la Procuración y la respuesta por escrito del Ejecutivo al pedido de informes. El trámite judicial marcará si la fiscalía avanza con citaciones a los involucrados y si el caso vuelve a cobrar aceleración procesal; en paralelo, la pulseada política continuará en el Congreso y en los medios, con impacto directo en la agenda pública y en la credibilidad de las instituciones que investigan el episodio.
