Javier Milei llegó a la Casa Rosada apostando a la ruptura con “la casta” y a convertir la “moral como política de Estado”; hoy, a casi dos años y medio de su mandato, ese relato enfrenta una ola de denuncias por presunto enriquecimiento y ocultamiento de bienes que afectan a funcionarios clave y erosionan la imagen del Gobierno, según publicó El País el 3 de mayo de 2026.
El trasfondo del choque entre mensaje y práctica es simple: mientras la gestión presidencial sostiene un discurso de limpieza ética y ajuste, se multiplicaron los casos que involucran a gente de su entorno. El fenómeno emergió con fuerza en los primeros meses de 2026, cuando sondeos y reportes periodísticos consignaron una caída notable en la aprobación del presidente y un crecimiento en la percepción de la corrupción como principal problema del país.
Sondeos y diagnóstico público
La consultora Atlas Intel, que en 2023 acertó al anticipar el triunfo de Milei, mostró en su último relevamiento una desaceleración pronunciada del respaldo al mandatario. Entre el 24 y el 28 de abril encuestó a 4.844 adultos y consignó que la desaprobación del desempeño presidencial llegó al 63%, la peor cifra del presidente desde que asumió; la aprobación, en tanto, cayó al 35,5%.
Ese sondeo también puso a la corrupción en el centro de la preocupación ciudadana: el 50,3% de los consultados la señaló como el problema más importante del país, por delante del desempleo (38,5%) y de la inflación y los altos precios (35,9%). Esos números alimentan el relato de que una parte creciente de la sociedad percibe una brecha entre los sacrificios económicos reclamados por el Gobierno y la conducta de algunos cuadros del Ejecutivo.
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Funcionarios investigados y medidas políticas
En las últimas semanas, la atención mediática se concentró en una sucesión de casos: Manuel Adorni, jefe de Gabinete, fue señalado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito tras la compra de propiedades y gastos que, según la denuncia, no se condicen con sus ingresos. A pesar de la investigación, Milei lo ratificó en el cargo, una decisión que generó rechazo en sectores que esperaban sanciones más drásticas.
Paralelamente, Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura, fue despedido luego de que se difundiera que poseía propiedades y sociedades comerciales en Estados Unidos sin haberlas declarado. La Fiscalía también pidió indagar al titular de la Agencia de Recaudación por hechos similares, según la crónica de El País. Esos movimientos alimentaron la narrativa crítica: figuras cercanas al poder vinculadas a maniobras de ocultamiento patrimonial o enriquecimiento cuestionable.
“El Gobierno está ante la posibilidad de que se generalice una conexión muy peligrosa”, sostiene el politólogo Facundo Cruz, que advierte sobre el riesgo de que la ciudadanía asocie el ajuste con beneficios para quienes llegaron a administrar el Estado. —Facundo Cruz, politólogo, citado por El País
El dilema político: coherencia discursiva o sostén de cuadros
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La decisión de mantener a algunos funcionarios investigados mientras otros son removidos expone un dilema para Milei: ¿priorizar la coherencia con su discurso antipolítica o preservar la estabilidad administrativa apostando a la lealtad de cuadros que hoy están en el ojo de la tormenta? La opción por la segunda alternativa puede funcionar a corto plazo para sostener gobernabilidad, pero erosiona la legitimidad discursiva que fue clave en su llegada al poder.
Además, el impacto político no es sólo simbólico. La combinación de mala evolución económica —inflación persistente y salarios que no alcanzan, según distintos diagnósticos públicos— y la percepción extendida de corrupción puede traducirse en una menor capacidad del Ejecutivo para avanzar con reformas y en mayor desgaste electoral hacia adelante.
Cierre: qué se espera y próximos pasos
En las próximas semanas, la causa contra Adorni y las indagaciones abiertas sobre otros funcionarios marcarán el pulso político. Si la Justicia avanza con imputaciones firmes o si aparecen nuevas pruebas de enriquecimiento, la presión para cambios en el gabinete y para respuestas más contundentes desde la Casa Rosada aumentará. Por otro lado, si el Gobierno logra contener la crisis con explicaciones y sanciones selectivas, podría minimizar el daño inmediato, aunque quedará la duda sobre la consistencia de su proyecto anticorrupción.
Para una parte del electorado, la prueba de fuego será la capacidad del oficialismo de traducir su prédica ética en actos concretos de transparencia y sanción; para otra, primará la gestión económica. En ese cruce se juega, por ahora, la supervivencia política de un discurso que fue pilar del ascenso de Milei y que hoy está en entredicho por los escándalos que reportó El País.
