Javier Milei llegó a la Casa Rosada con la bandera de combatir “la casta política” y con la promesa de convertir la moral en política de Estado; hoy, esa narrativa se topa con una cadena de denuncias que involucran a altos cuadros de su administración y que, según encuestas, erosionan su imagen pública. La tensión entre discurso y hechos tiene consecuencias concretas: pérdida de aprobación, mayor percepción de corrupción como problema central y riesgo de deslegitimación de su paquete de reformas.
El arranque del Gobierno ultra fue impulsado por un relato antielitista que justificó medidas de ajuste y fuerte desregulación económica. En ese marco, la denuncia pública de irregularidades en las finanzas de funcionarios —desde propiedades en el exterior hasta presuntas compras incompatibles con los ingresos declarados— golpea con fuerza porque socava la coherencia del proyecto presidencial. Además, la persistencia de problemas macroeconómicos, como la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, alimenta el malestar social y complica la defensa política del Ejecutivo.
Cómo la promesa de “moralizar” se enfrenta a los hechos
Los señalamientos sobre funcionarios se han concentrado en figuras clave del gabinete. El caso más visible es el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito: la pesquisa indaga la compra de propiedades y un nivel de gastos que, según los fiscales, no se condice con sus ingresos oficiales. Mientras tanto, Milei optó por ratificarlo en el cargo, una decisión que generó cuestionamientos desde la oposición y también dentro de sectores de su propia coalición.
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En paralelo, el Gobierno tuvo que desplazar a otros funcionarios. El secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, fue despedido después de que se difundieran datos sobre propiedades y sociedades en Estados Unidos que no constaban en su declaración patrimonial. La Fiscalía también pidió indagar al titular de la Agencia de Recaudación (ARCA), Andrés Vázquez, por hechos que, en términos similares, involucran omisiones patrimoniales. Todas estas situaciones alimentan la narrativa de incoherencia entre el discurso oficial y la práctica política.
“El Gobierno está ante la posibilidad de que se generalice una conexión muy peligrosa”, sostiene el politólogo Facundo Cruz. “El riesgo es que el grueso de la ciudadanía sienta que hizo un gran sacrificio estos dos años, que ajustó su economía familiar sin conseguir por ahora mejoras directas, mientras los que supuestamente venían a cambiar las prácticas de la política se enriquecieron, empezaron a adquirir propiedades y tienen dinero no declarado”. — Facundo Cruz, politólogo (citado por El País)
Impacto en la percepción pública y en la suerte política del Ejecutivo
Los sondeos más recientes muestran el efecto inmediato de esos escándalos. La consultora Atlas Intel, que anticipó el triunfo de Milei en 2023, registró entre el 24 y el 28 de abril una caída sostenida en la aprobación presidencial: la desaprobación llega al 63% y la aprobación se ubica en 35,5%, la peor evaluación desde que asumió. En ese estudio, la corrupción aparece como el problema más señalado por la ciudadanía (50,3%), por encima del desempleo y la inflación.
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Ese traslado del foco público hacia la corrupción redefine el escenario político: no sólo complica la defensa de medidas económicas impopulares, sino que también abre espacios para que la oposición reclame investigaciones y para que actores sociales reclamen mayor transparencia. Para el Gobierno, el desafío es doble: contener el costo político de las denuncias y, al mismo tiempo, sostener la agenda legislativa en un Congreso cada vez más sensible a la opinión pública.
Qué puede pasar en los próximos meses
El futuro inmediato dependerá de tres factores convergentes: los avances judiciales en las causas abiertas, la capacidad del oficialismo para renovar su equipo y la respuesta que dé Milei a las acusaciones —tanto en términos de gestos institucionales como de medidas concretas de transparencia. Si las investigaciones prosperan y surgen más pruebas, la presión política sobre el Ejecutivo aumentará y podría abrirse una crisis de gobernabilidad que complique la implementación de reformas.
En el terreno social y electoral, la combinación de dificultades económicas y pérdida de confianza podría traducirse en una mayor fragmentación del respaldo ciudadano y en un escenario adverso para las ambiciones políticas del Presidente. Por ahora, la pulseada se juega en la percepción pública: si la mayoría interpreta que la promesa de moralidad fue incumplida, el costo político será tangible. En las próximas semanas se esperan nuevos movimientos judiciales y definiciones internas en el Gobierno que decidirán si el discurso contra “la casta” sobrevive a los escándalos que lo ponen en jaque.
