El País publicó el 22 de junio siete videos en los que se ven fajos de dólares escondidos en cajones, bolsas y una valija dentro de un vestidor, imágenes que volvieron a poner en el centro de la escena a un viejo expediente por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Todo indica que el guardarropa pertenece al dirigente Martín Insaurralde; las grabaciones habrían sido tomadas en 2023 y su difusión motivó medidas judiciales esta semana, lo que relanza las dudas sobre el origen del dinero y el estado de las investigaciones.
El material publicado registra billetes apilados bajo ropa, en estantes y dentro de una valija; en algunos tramos se escucha a quien filma relatando lo que muestra y en el espejo aparece la reflejo de la persona que capta las imágenes. Fuentes citadas por El País y La Nación sostienen que los videos fueron grabados en la casa del barrio cerrado Fincas de San Vicente, en la periferia sur del Gran Buenos Aires, y que por la cantidad de fajos se trata de varios millones de dólares, aunque no hay una cifra exacta confirmada por peritajes públicos.
Qué muestran los videos y quiénes aparecen
Los siete clips son visualmente contundentes: pilas de billetes en cajones apenas cubiertos por prendas, bolsas de tela con fajos en los estantes y una valija con dinero entre ropa. Según la reconstrucción periodística, en algunas tomas se distingue a la persona que filma y su voz, lo que ha permitido identificar a la fuente de las grabaciones como Jesica Cirio, la exesposa del dirigente señalado.
"Fajos de dólares guardados prolijamente en cajones, apenas cubiertos por una capa de camisetas." — Delfina Torres Cabreros, El País
Los registros no permiten por sí solos probar la titularidad del dinero ni su destino, por eso los periodistas que difundieron el material y los investigadores judiciales insisten en que deben realizarse peritajes y análisis de la cadena de custodia para avanzar.
Intervención judicial: allanamientos y diligencias ordenadas

Foto: elpais.com
Tras la publicación, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó allanamientos en el piso de Jesica Cirio en la ciudad de Buenos Aires y también en la vivienda vinculada al segundo exmarido, Elías Piccirillo. La medida se tomó el domingo siguiente a la difusión del material y forma parte de la causa en la que se investigan posibles delitos vinculados al enriquecimiento ilícito y al lavado de activos.
Fuentes judiciales citadas por los medios indican que las actuaciones buscarán establecer el origen de los billetes, si hubo maniobras de ocultamiento y cuál fue el rol de las personas vinculadas al expediente. Hasta ahora las autoridades no difundieron balances de incautación pública ni montos precisos derivados de estos allanamientos.
Antecedentes políticos y el contexto de 2023
El material vuelve a tocar un episodio que ya sacudió la escena política en 2023: Insaurralde renunció ese año como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires tras la publicación de fotos y videos que mostraban unas vacaciones ostentosas en Marbella junto a una modelo. Esas imágenes fueron explotadas en la campaña que cuestionó la “casta” política y fueron relevantes en el clima preelectoral que terminó con la llegada de Javier Milei a la presidencia.
La difusión de los nuevos videos reactiva preguntas sobre cómo avanzaron las causas abiertas en torno al dirigente y sobre si las investigaciones judiciales lograron auditar los bienes y los movimientos patrimoniales denunciados en su momento.
En el cierre de la nota, la causa afronta próximos pasos claros: el material deberá ser incorporado formalmente a la investigación, habrá peritajes sobre los videos y, si se confirman hallazgos, podrían ordenarse nuevas medidas cautelares o ampliaciones de la indagatoria. En términos políticos, la reapertura del escándalo tensiona nuevamente al espacio al que se asoció al dirigente en años anteriores y obligará a respuestas públicas si se confirman vínculos directos entre los fondos y funcionarios.
Por ahora, la difusión cumplió el efecto inmediato de reactivar el expediente y empujar a la Justicia a actuar; el desenlace dependerá de informes técnicos y del calendario procesal que fije el juzgado a cargo.



