La ex diputada nacional Margarita afirmó en Radio Buenos Aires que “el problema de la Argentina no es la corrupción, es la impunidad”, y sostuvo que una reforma constitucional y el artículo 101 introdujeron penas muy severas para quienes se enriquecen ilícitamente, lo que, según ella, debería traducirse en inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La declaración fue realizada en el ciclo de la emisora y apunta al debate público sobre cómo sancionar faltas contra la administración pública y evitar la repetición de delitos.
Para entender la afirmación hay que remitirse a la explicación que dio la propia ex legisladora: dijo que la reforma de la Constitución y el artículo 101 —que regula la moción de censura para el jefe de gabinete— incorporaron una pena considerada "gravísima" para actos de corrupción definidos como enriquecimiento ilícito que cause perjuicio a la administración pública. En su relato, esa incorporación coloca esos hechos en un rango comparable a quienes interrumpen el orden constitucional y justificaría una sanción máxima como la inhabilitación perpetua.
Qué dijo sobre la reforma y la inhabilitación perpetua
Según la ex diputada Margarita, la Constitución llegaría a prever la inhabilitación perpetua para quien comete un acto que perjudique a la administración pública y se enriquece ilícitamente. Ella calificó esa medida como "más que correcta" y sostuvo que es adecuada para evitar que quienes administran recursos públicos vuelvan a ocupar cargos si se comprueba un delito de ese tipo. La ex legisladora presentó esa pena como una herramienta que elevaría el costo político y legal de la corrupción.
Críticas al Poder Judicial y la idea de impunidad
En la misma entrevista, la ex diputada vinculó la persistencia de los hechos de corrupción no tanto a la existencia de los ilícitos sino a la ausencia de sanciones: atribuyó la impunidad al accionar del Poder Judicial. Afirmó que cuando un delito queda sin pena, la falta de consecuencias funciona como un incentivo para que otros repitan la conducta, en una lógica de repetición por ausencia de castigo.
“El problema de la Argentina no es la corrupción, es la impunidad” —dijo la ex diputada nacional Margarita durante la entrevista en Radio Buenos Aires.
Esa frase fue el eje de su intervención y, de acuerdo con su exposición, explica por qué la reforma y las penas que ella destaca resultarían clave para frenar escenarios de reincidencia. La ex diputada relacionó directamente la eficacia de las normas con la voluntad institucional de aplicarlas y sancionar a los responsables.
Referencias a casos concretos y su lectura política
En el diálogo con la radio, Margarita mencionó que consideró la sanción prevista por la Constitución como "lo más importante en el caso de Cristina Fernández de Kirchner" y añadió que le gustaría que la misma regla pudiera aplicarse en algún momento a Dorni. Esos nombres formaron parte de su argumento pero la ex diputada presentó su lectura como una valoración política y jurídica, no como una constatación judicial.
La entrevista suma un pronunciamiento público más al debate sobre mecanismos de control y sanción para funcionarios. La ex diputada apeló tanto a reformas de fondo en el texto constitucional como a una mayor voluntad institucional para ejecutar las penas previstas.
En los próximos meses, el impacto real de estas ideas dependerá de si movimientos políticos impulsan cambios normativos o si el Poder Judicial actúa con mayor firmeza en las causas por enriquecimiento ilícito. Por ahora, lo expresado en Radio Buenos Aires pone el foco en dos preguntas centrales: si la legislación vigente alcanza para sancionar y si las instituciones están dispuestas a aplicar las sanciones que mencionó la ex diputada.
