La publicación de la declaración jurada de Manuel Adorni provocó, a mediados de junio, una fuerte crisis en los pasillos del Congreso: la oposición impulsa una interpelación y amenaza con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, mientras el oficialismo intenta contener el impacto para poder sesionar el 24 de junio y avanzar con proyectos centrales como el Super RIGI y el pago a los holdouts. La disputa pone en riesgo aprobaciones que el Gobierno necesita para sostener su agenda antes del receso y del Mundial.
El escenario legislativo ya venía complicado. Según el propio cuadro de situación parlamentario, más de la mitad de los proyectos enviados por el Gobierno se encuentran estancados, con un cuello de botella marcado en el Senado. Reformas emblemáticas —como la eliminación de las PASO, cambios en el régimen de Zonas Frías, la llamada ley Hojarasca y la nueva ley de sociedades— aún no lograron impulso, y otras iniciativas como el proyecto contra la ludopatía ni siquiera empezaron a discutirse a fondo.
Oposición presiona con interpelación y mención de censura
La oposición aceleró la presión institucional tras la publicación de la declaración jurada. Diversos bloques buscan juntar apoyos para citar a Adorni a dar explicaciones públicas; hay además una amenaza explícita de avanzar con una moción de censura si el episodio deriva en un procesamiento judicial. La tensión se tradujo en comunicaciones oficiales y mensajes públicos que exigen respuestas y, en algunos casos, la renuncia del funcionario.
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“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni” —comunicado público del PRO.
En paralelo, la UCR emitió un pronunciamiento en el que insistió en que la ejemplaridad en la función pública es inderogable, aunque desde el partido reconocen que no todos están dispuestos a impulsar la interpelación hasta las últimas consecuencias. El MID también manifestó distancia respecto de mantener intacto al jefe de Gabinete mientras persistan dudas sobre su declaración fiscal.
Oficialismo intenta blindar dos iniciativas clave antes del Mundial
El Ejecutivo reaccionó con una doble estrategia: por un lado, contener el daño político y buscar acuerdos para sumar votos; por otro, acelerar la actividad legislativa con dos plenarios de comisión previstos para la semana siguiente con el objetivo de dictaminar el Super RIGI y el pago a los holdouts. La pauta que repiten funcionarios y voceros oficialistas es la urgencia por conseguir alguna victoria legislativa antes de que finalice el Mundial y para la cita anunciada del 24 de junio.
El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones con varios gobernadores que el oficialismo describe como “positivas”, en un intento de reducir la fragilidad de su tropa legislativa. Sin embargo, el malestar entre aliados quedó expuesto: trascendidos y comunicados internos señalan que algunos socios exigen un gesto público de Adorni —e incluso su salida— para despejar el camino en el recinto.
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Las consecuencias políticas ya se visualizan en la dificultad para avanzar en otros puntos de la agenda: la reforma del régimen de Zonas Frías enfrenta la resistencia de provincias del norte preocupadas por el cumplimiento de promesas, la ley de etiquetado frontal no tiene fecha de tratamiento en el recinto, y el Tratado de Patentes quedó en pausa a la espera de definiciones externas.
Si la situación judicial de Adorni evoluciona hacia un procesamiento, en el oficialismo admiten que será más complejo frenar un pedido de interpelación: esa posibilidad fue señalada por dirigentes consultados por la prensa como un umbral que podría forzar definiciones políticas contundentes en los próximos días. Mientras tanto, los libertarios insisten en que confían en conseguir los votos necesarios para aprobar el nuevo régimen de grandes inversiones, aunque reconocen que otras iniciativas, como la ley de Lobby, aún tienen resistencia entre cámaras empresarias, sindicatos y asociaciones civiles.
El calendario inmediato marcará el pulso: las dos reuniones de comisión previstas y la tentativa de sesión del 24 de junio serán la primera prueba concreta para medir si el Gobierno logra convertir el daño político en un costo controlable o si la crisis interna termina por frenar la escasa capacidad legislativa que mostraba hasta ahora el oficialismo. Si la oposición consolida apoyos, la discusión sobre la continuidad de Adorni en el cargo escalará y podría derivar en nuevas citaciones y maniobras políticas que impacten directamente en proyectos clave.
En las próximas horas se esperan nuevos pronunciamientos de bloques y más gestos de los socios del Gobierno. La definición sobre si Adorni mantiene o no su puesto, y la capacidad del oficialismo para asegurar quórum y mayorías el 24 de junio, definirán si el caso termina siendo un contratiempo circunscripto o el detonante de una crisis más profunda que altere el calendario legislativo de la Casa Rosada.
