El presidente Javier Milei anunció el 3 de julio de 2026 una reorganización profunda del Poder Ejecutivo que elimina el Ministerio del Interior y traslada sus funciones a la Jefatura de Gabinete, ahora conducida por Diego Santilli; la modificación, comunicada por decreto, redefine quién coordina con las provincias y quién organiza los procesos electorales, un cambio que tiene impacto directo en la relación Nación–regiones y en la agenda electoral.
El movimiento llega en un momento de fuerte tensión política: el gobierno sostiene que busca eficiencia administrativa y reducción de estructuras, mientras sectores opositores y dirigentes provinciales advierten sobre riesgos de concentración de poder en la Casa Rosada. El decreto que instrumenta el cambio fue publicado y empieza a aplicarse de inmediato, por lo que la transición operativa ya está en marcha.
Reorganización del Ejecutivo: qué cambia y qué se crea
Según el Decreto 571/2026, el Ministerio del Interior deja de existir como cartera independiente y sus competencias se transfieren a la Jefatura de Gabinete, que pasa a integrar la conducción ejecutiva con rango ampliado. El gabinete nacional quedará conformado por el jefe de Gabinete y ocho ministerios: Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado.
Además, el DNU introduce nuevas figuras dentro de la Jefatura de Gabinete: un Vicejefe de Gabinete y un Vicejefe de Gabinete del Interior, este último específicamente pensado para hacerse cargo de la coordinación política con provincias y municipios y de la organización de procesos electorales, tareas que hasta ahora estaban en manos del ex Ministerio del Interior.
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"El Gobierno eliminó el Ministerio del Interior mediante el Decreto 571/2026" — Boletín Oficial / La Nación
Santilli al frente y la distribución de funciones federales
Diego Santilli, que hasta la semana previa ocupaba funciones vinculadas al Interior, asume formalmente la Jefatura de Gabinete y deberá supervisar la absorción de esas competencias. La figura del vicejefe con especialidad en Interior busca mantener un canal de vínculo con los gobernadores y los municipios, pero reubicar la responsabilidad política dentro de la estructura central del Gobierno. El decreto también reacomoda la Secretaría General, Legal y Técnica e incorpora una Secretaría de Vocería Presidencial y otra de Comunicación y Medios, con diferencias de rango entre ellas.
La transferencia de atribuciones incluye la organización de elecciones, un punto sensible para las provincias y para el proceso electoral nacional. Fuentes oficiales destacan que la redistribución pretende agilizar trámites y coordinaciones, pero no hay aún un mapa completo de cómo se redefinirán equipos técnicos y delegaciones en el territorio.
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Reacciones políticas y el efecto en las negociaciones electorales
La medida reavivó negociaciones y tensiones políticas: por un lado, desde el oficialismo se defiende la reforma como una simplificación administrativa; por otro, dirigentes de la oposición y gobernadores cuestionan la centralización y piden garantías de autonomía para las jurisdicciones. En paralelo, las conversaciones y acuerdos preelectorales que estaban en curso ahora incorporan la variable del nuevo control de la organización electoral por la Jefatura de Gabinete.
El Gobierno informó las decisiones y hubo declaraciones de funcionarios alineados con la administración, mientras que la oposición planteó cuestionamientos formales y advertencias sobre posibles efectos institucionales. Dado que la situación está en desarrollo, distintos actores políticos aún discuten cómo impactará esto en las candidaturas, en los calendarios y en la logística partidaria.
En los próximos días se esperan resoluciones complementarias que detallen la estructura interna de la Jefatura de Gabinete, las designaciones concretas para las vicejefaturas y la delegación de tareas a nivel provincial. Ese detalle operativo será clave para dilucidar si la reforma logra el objetivo declarado de eficiencia o si, por el contrario, profundiza reclamos por falta de autonomía.
A mediano plazo, la atención se centrará en la implementación práctica: cómo se reasignan recursos, qué protocolos se establecen con las provincias para la coordinación electoral y si la nueva distribución de secretarías modifica la relación entre la Casa Rosada y los distintos poderes locales. La agenda política y electoral de las próximas semanas estará atravesada por esas definiciones, que prometen seguir generando repercusiones y posibles actualizaciones en la estructura del Ejecutivo.
