El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rindió su informe de gestión ante la Cámara de Diputados este 11 de mayo en medio de protestas frente al Congreso: decenas de personas mostraron pancartas y reclamaron explicaciones por una serie de episodios polémicos que, según la cobertura de EFE, alcanzaron visibilidad pública y tensionan al gobierno de Javier Milei.

Los carteles y las consignas no permiten por sí solos verificar los detalles de las denuncias, pero llegan en el marco de causas judiciales abiertas y revelaciones sobre viajes, compras y obras por montos que no coincidirían con los ahorros declarados por el funcionario. La situación, además, se ha convertido en un foco de atención política por la cercanía de Adorni a Milei y por la promesa de la gestión de poner fin a la corrupción.

Investigaciones judiciales en curso y su alcance

Según fuentes judiciales citadas por EFE, la causa vinculada al viaje de la esposa de Adorni a Nueva York —el detonante público del caso— fue archivada el 24 de abril, pero hay otras investigaciones activas. Entre las pesquisas figuran presuntas irregularidades patrimoniales que apuntan a un posible enriquecimiento ilícito y a operaciones cuya trazabilidad está siendo analizada por la Fiscalía.

Los fiscales consultan pagos en efectivo sin factura, supuestos préstamos privados y vínculos entre contratos públicos y empresas ligadas al entorno del jefe de Gabinete. También se indagan viajes de carácter familiar a destinos de playa y el origen de desembolsos que, según testigos citados en la investigación, superarían lo declarado por Adorni en sus declaraciones juradas.

Los escándalos de Adorni, el jefe de Gabinete argentino, ahogan al Gobierno de Milei

Foto: efe.com

Operaciones inmobiliarias, préstamos privados y gastos en efectivo

EFE detalla que Adorni compró en 2025 un departamento de unos 200 metros cuadrados en Caballito por 230.000 dólares, financiado en gran parte mediante préstamos privados otorgados por dos jubiladas que eran dueñas del inmueble. Además, aparece la compra de una casa en un barrio privado por 120.000 dólares y obras por las cuales el contratista declaró haber cobrado cerca de 250.000 dólares en efectivo y sin factura.

En la investigación también figura un préstamo de 100.000 dólares gestionado por la escribana de Adorni y otorgado por dos mujeres policías —una de ellas retirada— del que, según EFE, aún resta saldar más de 70.000 dólares. El jefe de Gabinete gastó además 14 millones de pesos en mobiliario para su vivienda, cifra que los investigadores contrastan con sus ahorros declarados.

"Dar explicaciones es obstruir el trabajo de la justicia" —Manuel Adorni, citado por EFE.

Adorni Milei

Foto: efe.com

La frase, pronunciada en una entrevista que cedió y citada por la agencia, forma parte de la estrategia del funcionario de remitir su defensa al ámbito judicial y evitar brindar detalles públicos sobre su patrimonio, según la crónica.

Reacción del oficialismo y efecto en la percepción pública

Milei respaldó públicamente a Adorni y lo acompañó en una sesión tensa en Diputados donde el funcionario planteó que la información sobre su patrimonio es "reservada", una postura que, según EFE, genera fisuras internas en el Ejecutivo. Voces dentro del propio gobierno, indican fuentes consultadas por la agencia, habrían mostrado recelo por mantener a Adorni en un rol tan visible mientras avanzan las pesquisas.

El impacto político se percibe también en las encuestas: estudios de consultoras citados por EFE muestran que la valoración negativa del gobierno aumentó, con un 65,3 % de imagen desfavorable y una suba en la consideración de la corrupción como problema prioritario (38,5 %), indicadores que asocian parte del desgaste a la mayor difusión de los casos judiciales.

En los próximos días la causa seguirá su trámite judicial, y el Gobierno anunció que presentará documentación para intentar refutar las acusaciones. Para la escena política inmediata, la expectativa es que la Justicia avance en peritajes y declaraciones complementarias; para la ciudadanía, lo que sigue es la espera de pruebas y resoluciones que confirmen o descarten las sospechas que motivaron las manifestaciones frente al Congreso.