El oficialismo inició esta semana un operativo político en el Congreso para neutralizar la ofensiva opositora contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un escenario que podría definirse en la sesión convocada por Unión por la Patria para el 23 de junio. Los encargados de las gestiones son Martín Menem, Diego Santilli y Patricia Bullrich; la Casa Rosada mira con cautela mientras intenta cerrar acuerdos que eviten una interpelación o una moción de censura que ponga en riesgo la estabilidad del Gabinete.
El conflicto surgió después de que Adorni admitiera omisiones en sus declaraciones juradas por alrededor de US$500.000 —señaladas como ahorros no declarados, una herencia y movimientos en bitcoin— lo que desató críticas públicas incluso entre socios parlamentarios del oficialismo. La oposición ya plantea interpelarlo en el recinto y no descarta avanzar hacia una moción de censura; para ese desenlace, según fuentes oficiales, la oposición necesitaría reunir 129 votos en Diputados y 37 en el Senado, umbrales que el Gobierno asegura que no se alcanzarán, aunque admite que la situación es volátil.
Qué buscan los negociadores del oficialismo
La estrategia del Gobierno pasa por reconstruir puentes con los bloques aliados que en los últimos días expresaron su malestar con el ministro coordinador. Menem, Santilli y Bullrich se movilizaron para escuchar a referentes del PRO, la UCR y otras bancadas provinciales, con el objetivo de cerrar un mapa de voluntades que permita neutralizar la ofensiva legislativa antes de que se concrete el calendario de sesiones. En la Casa Rosada confían en que el soporte formal del bloque oficialista y la dinámica de la aritmética parlamentaria frenen el avance opositor, pero trabajan por reducir tensiones públicas que podrían inclinar a algunos aliados a endurecer su postura.
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Críticas internas: aliados que exigen explicaciones
La presión no viene solo desde la oposición tradicional: dirigentes del propio frente oficialista salieron a cuestionar la conducta del jefe de Gabinete. Voceros del PRO describieron la situación como una falta grave y pidieron explicaciones públicas, mientras la UCR remarcó la gravedad ética de las omisiones y reclamó definiciones antes de pronunciarse sobre eventuales pasos en el Congreso. Pese a los reproches, desde esas bancadas aclararon que todavía no decidieron si acompañarán una interpelación o una moción de censura, y que esperarán la respuesta del Gobierno antes de cerrar su postura.
"No va a prosperar" —respondieron cerca del ministro coordinador, según fuentes consultadas por TN.
Esa frase refleja el optimismo oficial, aunque en los despachos admiten que todo puede cambiar hasta horas previas a la sesión: la diplomacia política que ahora se despliega busca, además de votos, bajar el tono de la discusión pública para limitar costos reputacionales y evitar filtraciones que profundicen la crisis interna.
La discusión parlamentaria: opciones y plazos
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En el Congreso existen varias vías para avanzar: la interpelación en el recinto es la más visible, pero la oposición también puede intentar forzar a las comisiones a tratar proyectos mediante mayorías simples, lo que aceleraría un debate que el oficialismo intenta postergar. La sesión propuesta por Unión por la Patria para el 23 de junio marca un hito en el calendario: hasta entonces los negociadores del Gobierno intentarán consolidar apoyos y explorar alternativas políticas que permitan contener el impacto.
Integrantes del Gabinete minimizan por ahora el riesgo de destitución, argumentando la aritmética que favorece al oficialismo, y destacan que figuras como Javier Milei y su hermana Karina expresaron públicamente respaldo a Adorni. Sin embargo, en Balcarce 50 reconocen que la pérdida de apoyo de un bloque aliado o la presión sostenida en la opinión pública podrían transformar un conflicto parlamentario en un problema de gobernabilidad.
El próximo paso será la ronda de reuniones con jefes de bloque y referentes territoriales durante los próximos días, y la Casa Rosada prepara comunicaciones internas para intentar homogeneizar la posición oficial. Si los negociadores logran cerrar un acuerdo, la ofensiva opositora podría desinflarse; si no, la cuestión llegará al recinto y abrirá un debate público con consecuencias políticas concretas para el Gobierno.
En las próximas 72 horas será determinante la actitud de los aliados críticos: su decisión definirá si la discusión queda limitada a pasarelas políticas o si escala a una votación clave que pondría en juego la continuidad política del jefe de Gabinete y el margen de maniobra del Ejecutivo.
