El Gobierno anunció que no enviará en el corto plazo al Congreso el acuerdo comercial con Estados Unidos ni la ratificación de la adhesión argentina al llamado Consejo de la Paz, y explicó que la demora responde a la necesidad de esperar definiciones sobre el esquema arancelario que adopte la administración de Donald Trump, una decisión que condiciona los capítulos más sensibles del pacto y repercute en la agenda legislativa oficialista.
La decisión fue comunicada por la Casa Rosada en medio de un rediseño de prioridades tras cambios en la jefatura de Gabinete y con la intención de evitar enviar al Parlamento textos cuyo núcleo económico depende de la arquitectura normativa que aún no concluye en Washington. Fuentes oficiales sostienen que el acuerdo político bilateral se mantiene, pero que el envío formal al Congreso perderá urgencia hasta tener certezas sobre cómo se instrumentarán los beneficios negociados.
El mapa de dudas se concentra en el capítulo arancelario: parte de las ventajas para exportaciones argentinas y las concesiones recíprocas quedan condicionadas por un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que acotó facultades ejecutivas en materia de aranceles. Por ese motivo, desde Balcarce 50 prefieren no exponer al Parlamento a un debate sobre textos cuyo alcance práctico podría cambiar si la Casa Blanca define otro instrumento legal.
Por qué la Casa Rosada posterga el envío y qué implica
La postergación no significa, dicen en el Ejecutivo, la suspensión del entendimiento político con Washington: la relación entre ambos gobiernos seguiría siendo prioridad de la política exterior. Lo que cambió es el calendario legislativo. En la práctica, el Gobierno ya avanzó con partes del acuerdo que se pueden aplicar por vías administrativas —reconocimiento mutuo de certificaciones, simplificación de trámites y algunas adecuaciones regulatorias— pero dejó fuera los compromisos que requieren sanción parlamentaria, como los capítulos arancelarios y ciertos tratados internacionales asociados.
La cautela oficial se explica en términos jurídicos y políticos: mientras la administración estadounidense clarifique el mecanismo que usará para sostener las concesiones sobre aranceles, enviar el acuerdo sería exponer al Congreso a votos sobre medidas que podrían quedar obsoletas o incompletas. Esa lectura explica el giro respecto del plan de principios de año, cuando la intención era remitir ambos proyectos para su tratamiento.
"El Gobierno no prevé enviar al Congreso, al menos en el corto plazo, el acuerdo comercial con Estados Unidos ni el proyecto de adhesión argentino al Consejo de la Paz que impulsa Donald Trump." — Casa Rosada, según TN.
Foto: tn.com.ar
Prioridades que sí avanzan en el corto plazo
En paralelo a la espera por Washington, el oficialismo priorizó una lista de iniciativas que considera de tratamiento urgente en el Senado: proyectos sobre propiedad privada, pliegos judiciales, ascensos diplomáticos, la Zona Fría y la reforma electoral, que el Gobierno busca llevar a media sanción en agosto. La reconfiguración del calendario se viene construyendo en mesas políticas internas y con la mirada puesta en evitar debates que consuman capital político sin resultados tangibles.
El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), aunque ya tiene dictamen en comisiones, también quedó fuera del paquete inmediato de prioridades. En el Ejecutivo admiten que, por su vinculación con la propiedad intelectual y los compromisos comerciales con EE. UU., su tratamiento dependerá de cómo evolucione la discusión sobre el capítulo de patentes y otros puntos sensibles del entendimiento bilateral.
Riesgos políticos y la señal hacia Washington
La postergación busca, por un lado, preservar la señal política hacia Estados Unidos —el Gobierno asegura que el entendimiento sigue vigente— y, por otro, minimizar el desgaste parlamentario en un contexto de definiciones internas. La decisión llega tras la salida de Manuel Adorni y el ascenso de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, y en medio de la organización de la mesa política encabezada por Karina Milei para ordenar el calendario legislativo.
Queda por ver si la demora abrirá espacios de presión desde sectores productivos que esperan certezas sobre el acceso a mercados y la protección de propiedad intelectual, o si el Gobierno podrá equilibrar la necesidad de mantener la relación con Washington sin hipotecar su gestión legislativa. En los hechos, la Casa Rosada apuesta a avanzar por vías administrativas donde sea posible y a reservar el debate legislativo para cuando el texto esté alineado con la arquitectura normativa que adopte la Casa Blanca.
En las próximas semanas la Casa Rosada convocará a la mesa política para concretar el nuevo calendario y determinar los tiempos para las iniciativas priorizadas; en simultáneo, seguirá de cerca las definiciones en Estados Unidos que terminarán de condicionar el envío formal del acuerdo al Congreso.
