El oficialismo consiguió en la tarde del miércoles dictámenes en comisiones de la Cámara de Diputados para dos iniciativas centrales: el denominado “super‑RIGI”, un régimen de incentivos para grandes inversiones, y la ratificación del acuerdo con los acreedores que quedaron fuera del canje de la deuda de 2001. Ambos proyectos quedaron en condiciones de llegar al recinto, en una sesión que se busca celebrar el miércoles 24 de junio, un avance que cobra mayor relevancia porque ocurre en medio de la crisis política vinculada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El dictamen de mayoría reunió 61 firmas y contó con el impulso del bloque oficialista y de aliados como la UCR, el PRO, fuerzas provinciales y el MID, con el plenario encabezado por el libertario Bertie Benegas Lynch. Además, hubo incorporaciones técnicas al texto: por ejemplo, el diputado Eduardo Falcone sumó una cláusula que apunta a beneficiar a proveedores locales, requisito que obliga a destinar al menos el 20% de los pagos a empresas nacionales.
El avance legislativo se inscribe en una agenda económica que el Gobierno busca acelerar para atraer inversiones de escala y ordenar pasivos históricos. Pero la sesión está condicionada por el clima político interno: la pulseada abierta por la situación de Adorni puede complicar la estrategia de la Casa Rosada y retardar la convocatoria que impulsa La Libertad Avanza con la firma de su presidente en Diputados, Gabriel Bornoroni.
Qué propone el "super‑RIGI" y qué significa para la industria
El proyecto crea un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, orientado a atraer inversiones que el Ejecutivo considera estratégicas y que, según el texto, no cuentan hoy con desarrollo local. El piso mínimo que contempla la iniciativa es una inversión de US$1.000 millones por proyecto, con beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros, y plazos de estabilidad regulatoria extendidos.
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Además de las exenciones y beneficios, en la discusión se introdujeron medidas para favorecer el encadenamiento productivo: la modificación de Falcone exige que al menos el 20% de los pagos a proveedores sea destinado a firmas locales, una previsión destinada a impulsar el desarrollo de proveedores nacionales y la inversión en I+D.
Ratificar el acuerdo por el default de 2001: alcance y objetivo
El otro dictamen aprobó la iniciativa que propone ratificar el acuerdo con los bonistas que no ingresaron al canje de 2001. La iniciativa busca dar un cierre institucional y financiero a ese capítulo del default, con el objetivo declarado de resolver litigios y facilitar la normalización de pasivos históricos. Los detalles técnicos y jurídicos de la propuesta serán parte del debate en el recinto y en el Senado, si la Cámara baja la sanciona.
Fuentes legislativas destacaron que ambos proyectos forman parte de la estrategia oficial para mostrar capacidad de gestión en materia económica y financiera, pero reconocen que su futuro depende tanto del juego de alianzas como del calendario político.
Resistencias en la Cámara y críticas a la delegación de facultades
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El proyecto no quedó sin resistencias: la bancada de Unión por la Patria, conducida por Germán Martínez, firmó el rechazo y cuestionó el rango de delegación de poderes que el texto otorga al Ejecutivo. En ese sentido, Martínez planteó que el proyecto implica una concentración de facultades que preocupa a la oposición.
"una fuerte delegación de facultades al Poder Ejecutivo"
— Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria
También firmaron dictámenes de minoría diputados de Provincias Unidas como Martín Lousteau y el socialista Esteban Paulón, que advirtieron sobre la posibilidad de que la Ley Bases y el RIGI definan sectores privilegiados con beneficios a largo plazo. El Frente de Izquierda, por su parte, rechazó la iniciativa de plano a través de Nicolás del Caño y Néstor Pitrola.
En el oficialismo celebran el apoyo de bloques provinciales —Innovación Federal, Independencia, Por Santa Cruz y Producción y Trabajo de San Juan— que aportaron firmas para alcanzar el dictamen mayoritario, un dato que muestra la búsqueda de respaldo federal al paquete.
La primera votación en comisión ya quedó resuelta, pero el cierre definitivo se definirá en el recinto. La convocatoria solicitada por La Libertad Avanza para el miércoles 24 de junio está firmada, pero en el Congreso no descartan demoras o cambios de agenda por el escenario político abierto por la crisis del jefe de Gabinete. Si la sesión se realiza y ambos proyectos se aprueban, el Gobierno conseguiría un respaldo legislativo importante para avanzar en su plan de atracción de inversiones y en la resolución de pasivos por el default, aunque con la certeza de que la discusión pública y judicial podrá extenderse en las semanas siguientes.
