La Cámara Nacional Electoral declaró nulo este martes el decreto 366 del presidente Javier Milei —firmado en mayo del año pasado— que intentaba restringir el otorgamiento de la ciudadanía argentina a extranjeros; la decisión frena en los hechos una reforma migratoria impulsada por el Ejecutivo y refuerza el control judicial sobre el uso de decretos de necesidad y urgencia.
El decreto cuestionado proponía endurecer requisitos migratorios, quitarle a la justicia federal la facultad de conceder la ciudadanía y transferir esa competencia a la Dirección Nacional de Migraciones, además de condicionar el acceso a servicios públicos para personas sin residencia permanente. La norma se enmarcó en una campaña del Gobierno que asoció migración con inseguridad y que, según el Ejecutivo, buscaba agilizar expulsiones y controles.
La anulación llega después de varias presentaciones judiciales contra el DNU. El caso que motorizó la sentencia fue impulsado por un ciudadano de origen chino que vive en el país desde 2015, que según la presentación cumple los requisitos legales para la residencia y no registra antecedentes penales, pero vio negada su residencia y enfrentó un trámite de expulsión una vez vigentes las nuevas normas administrativas.
Fundamentos del fallo de la Cámara Nacional Electoral
Los camaristas Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía estimaron que el Ejecutivo se excedió en sus atribuciones y que el decreto versaba sobre materias que afectan derechos políticos y electorales, ámbitos sobre los que la Constitución limita expresamente la facultad de dictar DNU. En concreto, el tribunal señaló que la norma fue dictada “en exceso de las atribuciones que la Constitución Nacional confiere al Poder Ejecutivo Nacional”.
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“en exceso de las atribuciones que la Constitución Nacional confiere al Poder Ejecutivo Nacional” — Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía, Cámara Nacional Electoral, citado por El País.
Los magistrados añadieron que las razones esgrimidas por el Ejecutivo no demostraron una excepcionalidad o urgencia tal que justificara eludir el proceso legislativo en el Congreso, y entendieron que las cuestiones planteadas por el DNU respondían más a decisiones de oportunidad política que a una imposibilidad real de tramitar la ley por vías ordinarias.
Consecuencias para la política migratoria y el Ejecutivo
Con la declaración de nulidad, las disposiciones del decreto 366 quedan sin efecto y vuelve a regir el esquema previo para el otorgamiento de la ciudadanía y la intervención de la justicia federal en esos trámites. La resolución constituye además un límite institucional: cuida la línea entre las atribuciones presidenciales y las facultades del Congreso y de la justicia en temas que afectan el derecho al voto y otros derechos políticos.
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La sentencia también tiene un impacto político inmediato: llega en medio de la salida del ahora ex portavoz Manuel Adorni y de la continuidad de un gobierno que ha priorizado medidas de fuerte impronta en materia migratoria. El Ejecutivo, según la resolución, conserva la vía de apelación y podría llevar el caso a la Corte Suprema.
Qué sigue: vías legales y posibles escenarios
El Gobierno puede apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, lo que pondría en juego una instancia superior cuya decisión definiría si la anulación se mantiene o si la interpretación se modifica. En lo inmediato, la Dirección Nacional de Migraciones no podrá aplicar las disposiciones que delegaban en ese organismo la potestad exclusiva para conceder la ciudadanía, ni instrumentar las restricciones condicionadas por el decreto.
La resolución es también un mensaje político: refuerza la necesidad de que iniciativas que alteren derechos vinculados al estatus ciudadano y al acceso a servicios pasen por el debate legislativo. Para las personas afectadas por las decisiones administrativas, el fallo devuelve la posibilidad de recurrir a la justicia federal para solicitar el reconocimiento de su condición legal.
El conflicto entre la Casa Rosada y los tribunales por el uso de DNU no es nuevo, pero este fallo viene a marcar una bisagra en el control judicial de medidas presidenciales con impacto en derechos civiles y políticos; la Corte Suprema será la instancia que, si recibe la apelación, deberá dirimir el alcance final de esa disputa.
