La Justicia federal ordenó la indagatoria de 29 personas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa que investiga presuntas maniobras de corrupción que habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 y que, según la fiscalía, afectaron fondos públicos destinados a prestaciones de alto costo. El llamado a declarar fue dispuesto por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, y las audiencias se realizarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo; la medida incluye la inhibición general de bienes para los involucrados.
El esquema judicial suma a la causa a exdirigentes del organismo y a empresarios del rubro médico. Entre los citados figuran el extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y el intermediario señalado como nexo con laboratorios y droguerías, Miguel Ángel Calvete. Hasta ahora las imputaciones se mantienen como presuntas mientras prosigue la investigación, que el Ministerio Público Fiscal (MPF) describió en su dictamen como un entramado orientado al direccionamiento de compras públicas.
Qué se investiga: direccionamiento, cartelización y mecanismos de pago
Según el MPF, la pesquisa se centra en adjudicaciones de insumos y medicamentos de alto costo y baja incidencia —los llamados PACBI— administrados a través del sistema SIIPFIS, que era el mecanismo utilizado por ANDIS para las prestaciones. Los fiscos sostienen que, detrás de licitaciones y compulsas de precios, había acuerdos entre funcionarios y actores privados que permitieron adjudicaciones direccionadas y la creación de un circuito para distribuir las ganancias entre los participantes.
El análisis oficial apunta a varios segmentos de compra: amputación, audífonos, cardio, implante auditivo, neuro, sillas/andadores y traumatología. En esos rubros se habrían detectado patrones repetidos: empresas que competían formalmente en las compulsas pero que, según la investigación, actuaban como un entramado concentrado que facilitaba la manipulación de los procesos de compra.
Pruebas analizadas y hallazgos en registros y facturación
Los fiscales detallaron que profundizaron el estudio del SIIPFIS y de la documentación vinculada a las compras, y encontraron supuestas irregularidades en facturas, movimientos de dinero y comunicaciones entre actores clave. En particular, se consignan conversaciones entre Garbellini y Calvete en las que, en julio de 2025, habría sido enviado un listado con montos “a cobrar”, referido por los investigadores como "ofrendas" para concretar los retornos económicos.
Foto: fiscales.gob.ar
En el dictamen técnico los representantes del MPF describieron también indicios de facturación apócrifa y de maniobras que podrían encuadrar en lavado de activos por la existencia de transferencias y circuitos financieros complejos entre empresas. Como ejemplo, señalaron desproporciones en facturas del segmento amputaciones que, según la pesquisa, no responderían a operaciones comerciales genuinas sino a mecanismos para canalizar fondos.
"La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público", sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo planteado por el MPF. (Fuente: fiscales.gob.ar)
Roles y líneas de imputación señaladas por la fiscalía
El avance de la investigación ubica a Calvete como articulador entre el sector privado y funcionarios públicos, mientras que Spagnuolo y Garbellini aparecen señalados como responsables en ANDIS de que el organismo funcionara, según el dictamen, "como ventanilla de pagos indebidos" a cambio de retornos. Los fiscales pidieron indagatorias ampliadas y nuevos interrogatorios para profundizar la pesquisa y completar el mapa de responsabilidades.
Además de las citaciones personales, el juzgado dispuso la inhibición general de bienes de las personas y empresas alcanzadas por la causa, con el argumento de que podrían intentarse maniobras para desprenderse de activos que eventualmente deban ser recuperados por el Estado.
Cierre: qué sigue y posibles efectos concretos
En las próximas semanas la agenda judicial definirá si las indagatorias confirman las hipótesis del MPF o si aparecen nuevas pruebas que modifiquen el alcance de las imputaciones. Si los fiscales lograran acreditar la existencia del entramado y la operatoria de retornos, podrían avanzarse medidas de decomiso y procesos penales relevantes contra los involucrados. Mientras tanto, la inhibición de bienes limita movimientos patrimoniales en busca de preservar posibles recuperos para el erario. La causa también plantea un desafío administrativo para la gestión de prestaciones de alto costo en ANDIS y abre la puerta a revisiones del sistema SIIPFIS y de los controles sobre adjudicaciones públicas.
