El Gobierno enviará en los próximos días al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Sociedades, encabezado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y con un papel central de la Inspección General de Justicia (IGJ). La iniciativa, que también recibió aportes del ministerio de Desregulación y de la Secretaría Legal y Técnica, propone cambios en constitución de sociedades, digitalización de registros y la posibilidad de aportes con activos digitales: reformas que, según el oficialismo, buscan agilizar trámites y reducir costos para emprendedores e inversores.
Contexto: por qué importa esta reforma y de dónde viene
La propuesta llega en el marco de un paquete más amplio de reformas que el Ejecutivo viene impulsando. Aunque el detalle final del texto aún no se hizo público, fuentes citadas por Infobae indican que el proyecto estuvo previsto para ser tratado la semana pasada en el Senado y fue tema en reuniones de la mesa política de la Casa Rosada, aunque su ingreso se postergó. La IGJ, ahora conducida por Alejandro Horacio Ramírez, tendrá un protagonismo inédito en la implementación de buena parte de las modificaciones.
Cambios clave: digitalización, libros en la nube y criptoaportes
El núcleo práctico de la iniciativa apunta a modernizar procedimientos que hoy siguen demandando intervención presencial, firmas certificadas y documentación física. Entre las novedades más repetidas por las fuentes están la habilitación de constitución y modificación de sociedades mediante firma digital, el mantenimiento de registros societarios íntegramente en formato electrónico y la presentación de balances por vías digitales supervisadas por la IGJ.
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"Es una de esas reformas que no salen en los diarios porque no generan peleas políticas, pero que pueden ahorrar miles de horas de burocracia y costos a emprendedores, profesionales e inversores". — Diego Fraga, tributarista
Además, el proyecto reconoce expresamente la posibilidad de que ciertos activos digitales —como criptomonedas o tokens representativos de derechos— sean constitutivos del capital social. Según especialistas que aportaron al proyecto, ya existen antecedentes puntuales en la IGJ, pero la iniciativa oficial pretende dar un marco normativo más claro para ese tipo de aportes.
Flexibilización societaria y reuniones remotas
Otro eje es la flexibilización de figuras societarias: la reforma contempla facilitar la constitución de sociedades unipersonales, reducir exigencias que hoy encarecen la Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) y habilitar con mayor claridad las reuniones societarias remotas. Voces del sector privado destacaron que esto permitiría a profesionales y emprendedores operar con estructura societaria propia sin buscar un socio minoritario simbólico, lo que implicaría menores costos de alojamiento institucional.
Fuentes ligadas al proyecto insisten en que la digitalización de libros y actas, «el libro de actas del directorio estaría en la nube con respaldo electrónico», reducirá riesgos de pérdida documental y gastos administrativos. En paralelo, la IGJ ya trabaja en la presentación de balances vía digital, lo que facilitaría trámites sin necesidad de presentaciones en papel ni de acudir presencialmente al organismo.
Cambio de enfoque: menos formalismo, más controles por riesgo
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Beyond la simplificación técnica, la discusión central será política y de control. El proyecto propone mover el foco de la fiscalización desde comprobaciones formales (sellos, papeles, trámites) hacia un esquema de controles más sustantivos y orientados al riesgo operacional de las sociedades. Expertos consultados dijeron que la IGJ parece dejar atrás una lógica formalista para alinearse con la dinámica real de las operaciones corporativas, aunque advirtieron que el alcance práctico de ese giro dependerá de cómo se definan las nuevas facultades y criterios de fiscalización.
Noelia Girardi, gerente de impuestos, sintetizó la nueva mirada: la intención es priorizar fiscalizaciones por riesgo y no por el cumplimiento mecánico de formalidades que históricamente saturaron la normativa.
Cierre: qué esperar y los próximos pasos en el Congreso
El envío formal del proyecto al Congreso activará un debate que no será solo técnico: diputados y senadores deberán definir hasta qué punto acompañan una rebaja de formalidades y una mayor aceptación de activos digitales como capital. Entre los temas que se analizarán en el Parlamento estarán las garantías para los terceros, el control contra fraudes y el diseño de las nuevas facultades de la IGJ. El Ejecutivo prevé presentar el texto en los próximos días; el cronograma legislativo y las negociaciones políticas definirán si las reformas avanzan con rapidez o se traban en comisiones por cuestionamientos por alcance regulatorios.
En síntesis, la iniciativa promete modernizar trámites y acercar el derecho societario a prácticas digitales y fintech, pero también abre un debate sobre el equilibrio entre simplificación y control estatal. El resultado marcará la forma en que empresarios, profesionales y mercados se relacionen con la estructura legal de las sociedades en los próximos años.
