El fiscal federal Gerardo Pollicita dictó el 25 de junio nuevas medidas de prueba en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y dispuso precisiones puntuales a los contadores de la Procuración para analizar la evolución patrimonial del funcionario desde su asunción en diciembre de 2023; la decisión busca definir si existen desbalances que requieran un pedido formal de justificación patrimonial. Esta actuación avanza la instrucción y puede derivar, si se detectan inconsistencias sin explicación, en un llamado a indagatoria, según fuentes judiciales consultadas por este medio.
El origen del expediente incluye revelaciones sobre gastos y adquisiciones que no estaban reflejados en las declaraciones juradas iniciales de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, y ya motivaron rectificaciones en la documentación presentada. En las últimas semanas trascendieron compras y disposiciones patrimoniales que llevaron a la fiscalía a ampliar las medidas de prueba y a pedir cruces entre distintos registros para comprender el origen de los fondos y la correlación con los ingresos declarados.
Qué pidió Pollicita a los peritos de la Procuración
Pollicita encargó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) un informe exhaustivo sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y de su cónyuge desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la fecha. La instrucción exige que los peritos crucen las declaraciones juradas, rectificaciones, documentos bancarios, inversiones, créditos, pasivos y los gastos consignados en la causa para detectar operaciones sin respaldo suficiente.
Los especialistas que colaboran con la fiscalía deberán señalar partidas que tengan respaldo documental y aquellas que requieran una explicación adicional, así como advertir si existe un desbalance patrimonial apreciable. Según las fuentes que informaron sobre la novedad, la intención es contar con el informe antes del inicio de la feria judicial de invierno, que arranca el 20 de julio, aunque no se fijó una fecha tope formal.
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"inconsistencias", pidió Pollicita a la DAFI — LA NACION
Informes solicitados a un country, a una firma y a plataformas cripto
Además del peritaje contable, la fiscalía direccionó pedidos de informes a terceros vinculados con operaciones y bienes que figuran en la causa. Entre las medidas ordenadas aparecen solicitudes dirigidas al country Indio Cuá, donde se verificó la compra de una propiedad atribuida a Adorni; a la empresa ARCA y a dos plataformas relacionadas con operaciones en criptomonedas, identificadas en la causa como Binance y Lemon Cash.
La solicitud a Indio Cuá busca la documentación sobre la compra y la naturaleza de los pagos; la remisión a ARCA pretende obtener información societaria y eventuales movimientos vinculados al expediente. En paralelo, los pedidos a las plataformas de criptoactivos apuntan a recuperar registros de operaciones, movimientos de cuentas y las trazas que permitan dilucidar si hubo ingresos, transferencias o inversiones en monedas digitales que expliquen parte del crecimiento patrimonial constatado por la fiscalía.
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¿Qué criterios seguirá la fiscalía para avanzar?
La DAFI debe comparar las diferentes versiones de las declaraciones juradas presentadas por Adorni y cualquier rectificación posterior, y determinar si las erogaciones y compras tienen origen declarado y documentado. Si el informe pericial detecta partidas sin sustento o un aumento patrimonial significativo sin explicación, la fiscalía evaluará pedir al funcionario que justifique ante el juzgado el origen de ese crecimiento.
La ley de enriquecimiento ilícito prevé que, frente a un desbalance apreciable que no pueda justificarse, el fiscal solicite la formulación del requerimiento de justificación patrimonial y, eventualmente, la indagatoria del funcionario. Fuentes del expediente remarcaron que la decisión de Pollicita persigue ese objetivo técnico: reunir elementos objetivos antes de cualquier determinación procesal contra el jefe de Gabinete.
En los próximos pasos la fiscalía aguardará el informe de la DAFI y las respuestas de los terceros requeridos. Si los cruces documentales no cierran, la carpeta probatoria podría dar lugar a una intimación formal para que Adorni explique el origen de los bienes y de las transacciones señaladas en la causa. Para los plazos, los investigadores buscan consolidar la información antes de la feria de julio, pero cualquier presentación adicional o imprevisto en la recepción de datos puede extender ese calendario.
La nueva tanda de medidas marca un avance en la instrucción y pone el foco en operaciones tradicionales y digitales que la fiscalía considera relevantes para reconstruir la génesis del patrimonio cuestionado. El curso de la causa dependerá ahora de los informes pedidos y de si esos documentos permiten compatibilizar los movimientos económicos con los ingresos declarados por el funcionario.
