Lede La publicación de una investigación periodística por EL PAÍS el 4 de junio de 2026 puso en foco una supuesta trama de sobornos, maniobras millonarias y vínculos con el narcotráfico que involucra a directivos de una empresa de telecomunicaciones estatal —ARSAT—, a la contratista Argentina Logistic Services (ALS) y a exfuncionarios de distintas gestiones. La causa ya registró imputaciones, allanamientos y una detención: hechos que ponen tensión política en el Gobierno de Javier Milei y en administraciones previas.
Contexto La pesquisa judicial se originó, según las fuentes citadas, en una investigación por el robo de fibra óptica y materiales en 2024, que afectó a ARSAT y permitió detectar irregularidades en la custodia y contratación de esos insumos. El monto del material sustraído fue estimado en 150.000 dólares; sin embargo, la pesquisa amplió el foco hacia contratos directos y operaciones por casi dos millones de dólares adjudicadas a la empresa ALS.
Cómo se destapó la investigación
El caso comenzó con una causa por robo de materiales en un depósito contratado por ARSAT y, con el correr de las pesquisas, pasó a investigar la forma en que se le había confiado la custodia a ALS. De acuerdo con la fiscalía, la empresa no cumplía con los requisitos de seguridad y accedió a contratos sin licitación mediante una compulsa de precios que, siempre según la acusación, habría sido amañada.
"por orden judicial, la policía allanó la semana pasada dos propiedades de Leal, en las ciudades de Buenos Aires y de Mendoza." — EL PAÍS
Foto: elpais.com
Las escuchas judiciales y mensajes que cita la fiscalía son la base de la acusación por negociaciones incompatibles, fraude a la administración pública y otros delitos, y motivaron la solicitud de indagatoria contra una decena de imputados, entre funcionarios de ARSAT y directivos de ALS.
Contratos, pruebas y lo que se encontró en los allanamientos
Por orden judicial, los procedimientos terminaron con hallazgos que la cobertura periodística describe como llamativos: más de 2,5 millones de dólares en efectivo, cerca de dos millones de pesos y cantidades menores en otras monedas, además de drogas sintéticas y equipos sofisticados de espionaje en domicilios vinculados a quien fuera presidente de ARSAT en el periodo investigado, Facundo Leal. La nota indica que uno de los exfuncionarios imputados fue detenido la semana pasada tras el hallazgo de esos elementos.
La acusación oficial, según EL PAÍS, vincula la contratación directa de ALS con pagos por supuesto soborno y maniobras de favoritismo. El expediente, que integró información de escuchas y cruces de mensajes, apunta a que la compulsa fue preparada para favorecer a la contratista y que los beneficios habrían sido repartidos entre involucrados en la operatoria.
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Impacto político y estado procesal
El caso tiene un alcance político relevante porque, además de salpicar a directivos y a ALS, nombra a exfuncionarios que ocuparon cargos de responsabilidad en el área de transporte y permanecen en el radar de la fiscalía. La nota de EL PAÍS subraya que algunos de los imputados fueron funcionarios hasta comienzos de este año, y que la causa alcanzó a nombramientos realizados en 2022 y a decisiones administrativas posteriores.
Hasta ahora, la información pública consignada por la investigación incluye imputaciones formales, allanamientos ordenados por la justicia y la detención de al menos una persona; no obstante, muchos elementos de la causa siguen en etapa probatoria y las responsabilidades finales deberán definirse en el proceso judicial.
Cierre: qué sigue y posibles derivaciones La causa continuará con indagatorias, peritajes sobre el dinero y las drogas secuestradas, y la revisión de los contratos adjudicados a ALS. Judicialmente, se esperan nuevas medidas de prueba y eventuales citaciones a más involucrados; políticamente, el caso puede abrir debates sobre controles en empresas públicas y la transparencia en contrataciones directas.
Mientras la fiscalía avanza con la instrucción y los abogados de los imputados presenten sus defensas, el país quedará atento a cómo se prueban las acusaciones de sobornos y al eventual vínculo con redes de estupefacientes que la investigación sugiere, sin que por ahora haya condenas firmes.
