Al cumplirse un año de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, la ex diputada nacional Margarita Stolbizer afirmó en una entrevista difundida por Radio Buenos Aires que “el problema de la Argentina no es la corrupción, es la impunidad” y reclamó que el Congreso active mecanismos constitucionales de control sobre el jefe de Gabinete, una demanda que presentó como necesaria para reforzar la rendición de cuentas.
Stolbizer centró sus críticas en el rol del Poder Judicial y en la necesidad de aplicar sanciones más severas para los funcionarios que se enriquecen ilícitamente, según dijo en el audio difundido por la emisora. Para la ex legisladora, la impunidad sería el factor que incentiva la repetición de delitos contra la administración pública, y por eso pidió medidas institucionales que vayan más allá de la mera denuncia mediática.
Qué dijo sobre la moción de censura y el artículo 101
En la entrevista Stolbizer recordó el artículo 101, del que dijo que establece la moción de censura para el jefe de Gabinete, y sostuvo que ese mecanismo debería activarse como parte del control parlamentario. Señaló además que la reforma constitucional impuso penas muy severas para los que cometen actos de corrupción, y vinculó esa reforma con la necesidad de aplicar sanciones prácticas.
"El problema de la Argentina no es la corrupción, es la impunidad" —Margarita Stolbizer, en Radio Buenos Aires.
Stolbizer explicó que, según su interpretación, la Constitución coloca el enriquecimiento ilícito que perjudica a la administración pública en un rango similar a quienes interrumpen el orden constitucional y que, por ello, la pena prevista sería la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Subrayó que esa definición constitucional le parecía "más que correcta" cuando se aplica a funcionarios que actúan contra la administración.
Críticas a la Justicia y referencia al caso de Cristina Fernández de Kirchner
La ex diputada vinculó la falta de sanciones con la persistencia de conductas corruptas y puso como ejemplo el caso judicial de Cristina Fernández de Kirchner: dijo que lo más relevante en ese expediente, para ella, eran los aspectos relativos a la aplicación de las penas previstas por la reforma constitucional. Insistió en que la ausencia de consecuencias efectivas transforma la impunidad en una invitación a que los delitos se repitan.
Stolbizer también mencionó a una persona identificada como Dorni, al decir que le gustaría que las penas constitucionales que ella destacaba llegaran a aplicarse también en su caso. La referencia fue hecha en el marco de su argumento general sobre la necesidad de que las normas produzcan efectos concretos más allá de lo declarativo.
En su crítica al Poder Judicial, Stolbizer no solo cuestionó sentencias aisladas: planteó que la impunidad es responsabilidad de un sistema que no sanciona, y que eso erosiona la confianza en la función pública. Presentó esas ideas como su lectura política y jurídica, y no como una afirmación sobre procesos específicos más allá de su interpretación pública.
Qué implican sus pedidos para el Congreso y el debate público
El pedido de activar la moción de censura contra el jefe de Gabinete bajo el artículo 101 plantea, según Stolbizer, una vía institucional para aumentar la fiscalización política del Ejecutivo. Esa propuesta choca con debates preexistentes sobre el alcance del control parlamentario y sobre la separación de poderes: su planteo busca constitucionalizar una respuesta política frente a irregularidades administrativas.
Cierre: en los próximos días, la declaración de Stolbizer volverá a poner en la agenda la discusión sobre herramientas constitucionales de control y la eficacia de la Justicia en casos de corrupción. Si el Congreso atiende el reclamo o si los partidos lo incorporan al debate público dependerá de la correlación de fuerzas y de la presión política que logren organizar actores institucionales y sociales. Por ahora, la ex diputada dejó planteada la urgencia de que las normas constitucionales no queden solo en el papel, sino que se traduzcan en sanciones concretas y previsibles.
