Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación, solicitó este miércoles al fisco adherirse al régimen de amnistía fiscal impulsado por el Gobierno de Javier Milei, mientras continúa bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito; la presentación, realizada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) durante su informe de gestión en la Cámara de Diputados, reaviva el debate sobre las consecuencias procesales y el impacto político de la llamada "ley de inocencia fiscal".
La solicitud de Adorni se conoció a partir de la cobertura de EFE y llega en un momento de tensión para el Ejecutivo: la norma aprobada por el Congreso a principios de año modifica los mecanismos de fiscalización y, según expertos y opositores, puede limitar la mirada penal sobre activos no declarados. La movida del jefe de Gabinete tiene, además, un antecedente familiar cercano: una semana antes su esposa, Bettina Angeletti, había avanzado con el mismo trámite ante ARCA.
Qué establece la norma que Adorni pretende usar
La llamada ley de inocencia fiscal —nombre con el que la critica la oposición y que el oficialismo sostiene como un régimen de regularización— habilita un régimen simplificado de Ganancias que acota el control fiscal a los ingresos y deducciones declaradas, y excluye la variación patrimonial, consumos personales y depósitos bancarios de una revisión previa del origen de los fondos. La ley también eleva los umbrales a partir de los cuales la evasión se considera delito, limita la intervención penal a casos de "evasión relevante" e introduce procedimientos que permiten la extinción de la acción penal si el contribuyente regulariza su situación.
"El jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, investigado judicialmente por enriquecimiento ilícito, solicitó este miércoles al fisco del país suramericano ingresar a un régimen de amnistía fiscal impulsado por el Gobierno de Javier Milei." — EFE
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Ese cambio de reglas es clave para entender por qué la petición cobra trascendencia judicial y política: según la propia normativa, la regularización tributaria puede implicar el cierre de vías penales cuando se cumple con los requisitos previstos por la ley, algo que hoy está siendo analizado por equipos legales de las partes involucradas y por la fiscalía que lleva la causa.
Detalles de la investigación que pesa sobre Adorni
La pesquisa que encara el funcionario incluye investigaciones por la compra de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una casa en un barrio privado del conurbano, inmuebles que no figuraban declarados hasta hace semanas, y por gastos en remodelaciones. También forman parte de la investigación viajes familiares a Aruba y Punta del Este, y la Fiscalía recibió testimonios que estiman consumos por más de 349.000 dólares en los últimos años, en contraste con la declaración jurada de 2024, que consignaba un patrimonio cercano a 73.901 dólares.
Además, la causa indaga por posible tráfico de influencias: se mencionan contratos entre la Televisión Pública —institución bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete— y la productora de un amigo del funcionario, Marcelo Grandio, así como convenios entre empresas estatales y la consultora vinculada al espacio +Be, ligada a la esposa del jefe de Gabinete. Hasta ahora, Adorni afirmó en diversas oportunidades que esos gastos se explicarían con su declaración patrimonial, pero a la fecha no había presentado la actualización correspondiente al año en curso.
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Efectos inmediatos y riesgos políticos para el Gobierno
La adhesión al régimen por parte de Adorni no modifica por sí sola la marcha de la investigación; sí obliga a una lectura jurídica sobre plazos y alcances: fiscales, defensas y especialistas tributarios deberán evaluar si la regularización fiscal afecta la continuidad de la acción penal en su contra. En paralelo, la decisión tiene un costo político: llega en plena crisis de imagen del Gobierno de Milei por estos escándalos, y suma tensión interna al gabinete en un momento en que la opinión pública y las encuestas muestran desgaste.
En los próximos días se espera que los equipos legales del jefe de Gabinete y los fiscales responsables de la causa definan si la presentación ante ARCA cambia la situación procesal. Judicialmente, la posibilidad de extinguir la acción penal por regularización existe en la letra de la norma; políticamente, la decisión ya alimenta críticas de la oposición y genera interrogantes sobre la percepción de impunidad en casos de altos funcionarios.
Mientras tanto, fuentes oficiales y del entorno de Adorni mantienen silencio formal sobre las repercusiones específicas, y la Cámara de Diputados ya registró expresiones de rechazo desde bloques contrarios. El trámite administrativo en ARCA seguirá su curso y será uno de los insumos que la fiscalía considerará al definir próximos pasos en la investigación.
Cierre: la semana que viene podría haber novedades procesales si ARCA valida formalmente la adhesión o si la fiscalía solicita medidas complementarias; en lo político, la movida de Adorni promete seguir siendo tema central en la agenda pública y un foco de tensión dentro del propio oficialismo.
