El 2025 cerró con un saldo político complejo para el gobierno de Javier Milei: denuncias por presuntas irregularidades en organismos públicos, crisis internas que forzaron bajas y una batería de medidas económicas que, pese a las tensiones, permitieron al oficialismo mantener el control en el tramo final del año. Lo que sucedió afecta la composición interna de La Libertad Avanza, la relación con aliados provinciales y el armado legislativo para 2026.
Para entender por qué este año fue definitorio hay que combinar dos lecturas: la política, marcada por escándalos como las denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el caso $LIBRA; y la económica, caracterizada por decisiones orientadas a desregular sectores como las billeteras virtuales y los pagos digitales. Ambos ejes explican por qué la gestión logró resultados electorales mientras acumulaba fricciones internas y cuestionamientos públicos.
Exenciones al impuesto al cheque y otros movimientos económicos que redefinieron el tablero
Durante 2025 el Ejecutivo amplió las exenciones del impuesto al cheque, extendiéndolas a billeteras virtuales, criptomonedas y empresas de pago. La medida fue presentada por el Gobierno como un alivio para un sector en expansión y como una forma de incentivar operaciones digitales, aunque también reavivó el debate sobre la necesidad de marcos regulatorios en un ecosistema con vacíos.
En paralelo, la Casa Rosada autorizó anticipos financieros a provincias por hasta $400.000 millones para tres distritos, un colchón de caja que busca mitigar tensiones fiscales locales y garantizar funcionamiento administrativo. Además, la sanción del Presupuesto 2026 y el respaldo externo —mencionado por analistas y observadores internacionales— contribuyeron a que el oficialismo cerrara el año con la capacidad de imponer parte de su agenda económica.
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Escándalos en ANDIS y $LIBRA que tensionaron la coalición
En lo político, el caso ANDIS fue un foco de crisis. La filtración de audios atribuidos al exdirector Diego Spagnuolo dio lugar a denuncias sobre direccionamiento de compras y presuntas coimas en contratos para insumos destinados a personas con discapacidad. Spagnuolo fue desplazado del cargo y la causa quedó bajo investigación; en las grabaciones aparece mencionada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aunque hasta ahora no hay condenas que lo acrediten.
El episodio $LIBRA, por su parte, puso en la escena alerta sobre operaciones financieras y vacíos regulatorios. Ambos casos obligaron al Gobierno a tensar los canales institucionales de respuesta: recorridas por despachos judiciales, cambios en cargos y comunicados oficiales que intentaron evitar el contagio político.
Bajas de candidaturas y repercusiones dentro del oficialismo
La situación interna también cobró un costo electoral: José Luis Espert, figura de La Libertad Avanza, decidió bajar su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires y pidió licencia como diputado nacional luego de que se lo vinculara con el empresario Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico y lavado. La denuncia —impulsada por el dirigente Juan Grabois— incluyó alusión a un supuesto pago de u$s200.000 desde una firma vinculada al empresario, lo que precipitó la decisión de Espert.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció el impacto político: según las crónicas, admitió que el caso había causado “daño” al oficialismo. Ese reconocimiento público expuso las dificultades del Gobierno para controlar la selección de candidatos y la comunicación en momentos de alta sensibilidad política.
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"Tengo más verdades para decir" —Victoria Villarruel al confirmar su asistencia a un acto en Rosario, en una señal de tensión interna y posicionamiento personal (Ámbito).
La dirigente opositora Victoria Villarruel, por su parte, eligió un gesto político fuerte al confirmar su presencia en un acto en Rosario y pronunciar la frase citada arriba, una declaración que el entorno oficial interpretó como desafío político en clave de búsqueda de protagonismo para 2026.
Cierre: qué viene y por qué importa para 2026
De cara a 2026, las investigaciones judiciales sobre ANDIS y la fiscalización del ecosistema financiero que dejó $LIBRA serán variables a seguir: pueden producir sanciones y remociones que reconfiguren alineamientos internos, o bien cicatrizar sin mayores cambios institucionales. En lo económico, la ampliación de exenciones y los giros a provincias fijan el mapa de prioridades del Gobierno, pero también obligan a debates sobre regulación y transparencia.
Para los votantes y actores políticos del país, el saldo es claro: el oficialismo terminó 2025 en pie y con capacidad de gobernar, pero con frentes abiertos que definirán si logra consolidar un espacio político estable o enfrenta nuevas fracturas cuando avance la pulseada por el control de candidaturas y las definiciones legislativas en 2026.
