El jueves 24 de junio de 2026 la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos holdouts Bainbridge y Attestor, en una votación que cerró 139 a favor y 97 en contra, y que habilitó al oficialismo a avanzar con el tratamiento del polémico proyecto conocido como “Súper RIGI”. La medida busca acotar litigios internacionales y liberar activos del Estado, pero desató críticas sobre el costo fiscal y el alcance de las concesiones.
Para comprender la magnitud del trámite: se trata de dos acuerdos conciliatorios por reclamos derivados del default de 2001. Según el Gobierno y la Procuración del Tesoro, la operación representa una quita de más del 30% sobre los montos reclamados inicialmente, y procura evitar embargos y procedimientos de discovery que amenazan activos argentinos en el exterior. El respaldo a la iniciativa incluyó al PRO, la UCR y varios bloques provinciales; el peronismo lideró el rechazo.
Qué acordaron con Bainbridge y Attestor
El paquete aprobado contempla el pago global de US$171 millones. En la exposición ante comisiones el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, detalló que Attestor rebajó su reclamo de US$160 millones a US$104 millones, y que Bainbridge redujo su demanda de US$96 millones a US$67 millones. La justificación oficial es que la transacción reduce el pasivo y evita medidas cautelares sobre activos estratégicos.
"Lo que se está haciendo es pagar menos", dijo Sebastián Amerio durante el debate, al explicar la negociación y la reducción de los montos reclamados.
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Los aliados del Gobierno defendieron el paso como una oportunidad para cerrar un conflicto judicial que lleva décadas. Alberto “Bertie” Benegas Lynch sostuvo en el recinto que la Argentina tiene una posibilidad histórica para poner fin a esa etapa y advirtió sobre plazos: si el Congreso no aprueba el acuerdo antes del 30 de junio, según sus palabras, la conciliación se caería y se reactivarían instancias de litigio.
Qué ofrece y por qué genera controversia: el 'Súper RIGI'
Con el aval al pago a los holdouts, el oficialismo enfocó la sesión en empujar el “Súper RIGI”, un régimen de incentivos para proyectos de inversión superiores a US$1.000 millones. La iniciativa propone una alícuota de impuesto a las ganancias del 15%, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones aduaneras y un esquema de liberación progresiva de divisas que podría alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Además, el texto habilita mecanismos de defensa internacional para inversores —como el Ciadi o la Cámara de Comercio Internacional— y considera los beneficios como “inversiones protegidas” en el marco de tratados, lo que abre la puerta a reclamos ante cambios regulatorios. El proyecto también incorpora incentivos fiscales vinculados a I+D y exige planes de integración con proveedores locales con un piso del 20%.
Reacciones en el recinto y riesgos políticos
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La votación mostró líneas de fractura claras: la postura favorable del oficialismo contó con apoyos del centroderecha y bloques provinciales, mientras que sectores del peronismo cuestionaron la medida por considerarla costosa y débil en fundamentos técnicos. Vanesa Siley dijo que la operación pretende resolverse "a costa del hambre de la gente" y advirtió que podría agravar la caída salarial y la recesión; Germán Martínez denunció escasa fundamentación técnica del dictamen y alertó sobre riesgos legales.
La ausencia de Máximo Kirchner fue destacada por las bancas adversarias; la figura del debate político mantiene alta tensión porque, además del pago a los holdouts, se empezó a tramitar un régimen de alto alcance para inversores extranjeros que algunos opositores describen como un "traje a medida" para grandes tecnológicas.
Qué sigue y cuál es el impacto concreto
El acuerdo con Bainbridge y Attestor ya cuenta con la convalidación de Diputados; el próximo paso es el avance del Súper RIGI en el recinto de la Cámara baja con la intención oficial de lograr media sanción y luego debatirlo en el Senado. Si prospera, el régimen podrá ofrecer a proyectos megainversiones fiscales y cambiarias por décadas y la posibilidad de arbitrajes internacionales, lo que cambia sustancialmente el marco de atracción de capitales.
En términos inmediatos, el gobierno busca cerrar el capítulo de litigios para reducir incertidumbre sobre activos y concentrar la discusión en cómo atraer inversiones grandes y tecnológicas. Para la oposición y grupos críticos, en cambio, el desafío será demostrar costos y beneficios concretos antes de que se otorguen exenciones fiscales de largo plazo. En las próximas semanas el Congreso definirá si convierte estas herramientas en ley y cómo se regulan los límites y controles que el Ejecutivo incorporó en la edición final del proyecto.
