El Gobierno nacional impulsa un paquete de reformas sobre Seguridad, Inteligencia y Defensa que planea remitir al Congreso durante este segundo semestre; la iniciativa, promovida desde la Casa Rosada bajo la administración de Javier Milei, pretende reorganizar la respuesta estatal frente a amenazas como narcotráfico, terrorismo, crimen organizado y ciberataques, y por eso tiene impacto directo en la estructura de las fuerzas y en la política exterior de seguridad.
El proyecto, que todavía no fue cerrado por los equipos técnicos del Ejecutivo, toma como referencia el esquema creado en Estados Unidos tras la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y propone, entre otras cosas, la creación de un órgano de coordinación estratégica para ordenar decisiones entre Presidencia, Seguridad, Defensa, Cancillería, la Secretaría de Inteligencia y el Estado Mayor Conjunto. En Balcarce 50 sostienen que la iniciativa busca evitar superposiciones institucionales y darle mayor coherencia a la agenda de seguridad nacional.
La medida llega después de una primera etapa de cambios legales y operativos impulsados por el Gobierno: la sanción de la Ley Antimafia, modificaciones por decreto en los estatutos y funciones de las fuerzas federales, nuevas herramientas de ciberseguridad y la actualización del marco de Defensa. Además, en marzo el Presidente adhirió al Escudo de las Américas, una coalición regional liderada por Estados Unidos para coordinar acciones frente al crimen organizado y otras amenazas transnacionales.
Un Consejo de Seguridad Nacional inspirado en Washington
Uno de los ejes centrales que evalúan en el Ejecutivo es la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional, inspirado en el modelo estadounidense, que reúna a las principales áreas responsables de seguridad y defensa. La idea es que ese órgano funcione como espacio de definición estratégica y coordinación operativa frente a escenarios de mayor complejidad, desde operaciones transnacionales hasta ataques cibernéticos.
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Según las fuentes oficiales consultadas por este medio, el órgano buscaría integrar a la Secretaría de Inteligencia del Estado con el Estado Mayor Conjunto y los ministerios con responsabilidades en seguridad interior y exterior. El objetivo declarado por el Gobierno es ordenar decisiones y evitar la dispersión de responsabilidades, aunque los detalles sobre alcance, facultades y mecanismos de control aún se están discutiendo.
Reformas en las fuerzas y nuevas misiones operativas
El paquete pretende además consolidar cambios ya iniciados por decreto en las fuerzas federales. En los últimos meses el Ejecutivo actualizó el régimen de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal, tocando temas como estructura, carrera, régimen disciplinario y modernización tecnológica.
En el caso de la PSA, por ejemplo, el Gobierno incorporó misiones vinculadas a la seguridad del Estado y la investigación de delitos complejos como narcotráfico y terrorismo; en Gendarmería se avanzó con un nuevo estatuto destinado a enfrentar amenazas transnacionales; y en Prefectura la reforma buscó actualizar su rol como fuerza federal especializada. El paquete legislativo buscará dejar por escrito y con mayor claridad esas funciones y la coordinación entre cuerpos.
Alineamiento regional, cooperación y debate político
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El proyecto se inscribe además en un alineamiento más estrecho con Washington en materia de seguridad, tras la adhesión al Escudo de las Américas. Esa decisión estratégica amplifica la dimensión internacional del paquete: no sólo se trata de reorganizar estructuras internas, sino también de mejorar la cooperación en inteligencia y operativos internacionales.
En la Casa Rosada reconocen que la iniciativa no está definida en todos sus puntos. Como dijeron fuentes oficiales:
"No está listo todavía. Una vez que se termine, entrará en la hoja de ruta legislativa". — fuentes de la Casa Rosada
Esa cautela anticipa un debate político y parlamentario intenso: la oposición y distintos sectores de seguridad y derechos humanos ya plantearon la necesidad de discutir límites, controles y garantías frente a una mayor concentración de atribuciones en ámbitos de inteligencia y defensa.
En el cierre del proceso, el envío del paquete al Congreso será la primera prueba concreta para medir apoyos y resistencias legislativas. Desde Nación proyectan que, una vez ingresado, la iniciativa abrirá un calendario de audiencias técnicas y debates en comisiones; la tramitación marcará además la agenda legislativa de los próximos meses y el grado de consenso que el Gobierno logre sobre prioridades en seguridad.
