Con el Congreso como escenario, el Poder Ejecutivo envió al Senado un paquete de reformas que incluye cambios en materia electoral, judicial, sanitaria, discapacidad y de deuda, mientras el jefe de Gabinete Manuel Adorni deberá rendir cuentas ante Diputados por una investigación sobre su patrimonio; la combinación complica la estrategia oficialista y condiciona la aprobación de cualquier iniciativa. La movida se produce en un contexto de datos económicos negativos —inflación de marzo 3,4% y caída de la actividad en febrero— que reducen el margen político del Gobierno.
La batería de iniciativas fue remitida en las últimas semanas y ninguna tiene la sanción asegurada: el oficialismo admite resistencias incluso entre sus aliados y busca dosificar envíos para no dispersar la atención pública. Entre los proyectos hay propuestas de modificación electoral (incluida la posible eliminación de las PASO y el aumento del piso para mantener la personería), una reforma de la ley de salud mental, cambios en normativa sobre propiedad privada y la ratificación de acuerdos con fondos que litigan contra el Estado.
La reforma electoral, tantas veces postergada, será finalmente tratada en el Congreso de la Nación Argentina.
— Manuel Adorni (@madorni) April 21, 2026
Resistencias incluso dentro del frente oficialista
Varios de los cambios previstos generan tensiones internas. El paquete referido a la propiedad privada incorpora modificaciones en desalojos, ajustes en la ley de expropiaciones para que el mercado calcule indemnizaciones y una flexibilización de la ley de tierras que ampliaría la participación extranjera; esos puntos despertaron reparos en bloques aliados. En materia de discapacidad, el proyecto que busca desarmar la emergencia vigente choca con sectores que el año pasado respaldaron esa herramienta para sostener aranceles de prestadores como terapistas y transportistas.
Foto: lanacion.com.ar
La reforma política-electoral es otro foco de disputa: Pro, la UCR y varios bloques provinciales se pronunciaron en rechazo frente a la eliminación de las PASO, que utilizan para ordenar internas; además, el incremento del umbral mínimo de apoyo del 2% al 3% del padrón podría dejar fuera a fuerzas menores. Esa acumulación de objeciones obliga al Ejecutivo a buscar apoyos y, a la vez, a priorizar qué proyectos llevar primero al recinto.
Plazos críticos: acuerdos de deuda y riesgo de reactivación judicial
En paralelo, el Gobierno propone ratificar convenios con dos fondos de inversión que litigaron contra la Argentina —Bainbridge y Attestor— que implican una quita superior al 30% de la demanda y permitirían cerrar demandas en el exterior. La aprobación es clave porque, de no prosperar antes del 30 de abril, las condiciones negociadas caducan y podría reactivarse la disputa en términos menos favorables para el Estado, con riesgo de embargos sobre activos públicos y nuevas medidas de “discovery”.
Esa cuenta regresiva tensiona el calendario parlamentario: conseguir el aval en el Senado aparece como prioridad estratégica para evitar efectos adversos sobre activos como acciones de empresas estatales y para cerrar litigios que hoy demandan recursos y atención política.
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La sesión informativa de Adorni que puede alterar la agenda
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llega a la cámara baja bajo la lupa judicial: el fiscal federal Gerardo Pollicita investiga la compra de dos propiedades realizadas desde que asumió y gastos personales vinculados a viajes y vuelos privados hechos con su pareja. Adorni ya fue consultado en una conferencia de prensa en Casa Rosada y ahora afrontará una sesión informativa en Diputados que el oficialismo teme que reavive dudas y tensione acuerdos parlamentarios.
La exposición de Adorni en el recinto se da en un momento en el que el Gobierno busca recuperar iniciativa política mediante avances legislativos en comisiones del Senado y en el recinto, incluyendo además el tratamiento de pliegos judiciales y diplomáticos como la prórroga del juez Carlos “Coco” Mahiques. Los resultados de esa jornada pueden condicionar negociaciones con aliados y el ritmo de sanciones.
A corto plazo los responsables oficiales intentarán dosificar la agenda y priorizar iniciativas con mayor viabilidad política, pero la combinación de resistencias internas, la cuenta regresiva por los acuerdos de deuda y la sesión por el caso Adorni deja abierta la posibilidad de que varios proyectos se enfrenten a demoras o a modificaciones sustanciales antes de alcanzar media sanción.
Lo que sigue: en los próximos días habrá definiciones clave en comisiones del Senado sobre salud mental y en Diputados sobre la exposición de Adorni; además, el 30 de abril marca el hito para cerrar los acuerdos con los fondos litigantes. Observadores políticos y mercados estarán atentos a si el oficialismo logra alinear apoyos suficientes o si, por el contrario, la combinación de fricciones internas y la agenda judicial obliga a rearmar la estrategia legislativa.
