El oficialismo lanzó una estrategia en ambas cámaras del Congreso para contener los pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentados por distintos sectores de la oposición; la jugada busca demorar o evitar que los proyectos lleguen al recinto en los plazos que reclama la bancada opositora y condiciona la actividad parlamentaria de los próximos días.
El impulso opositor reclamó una sesión especial en Diputados para citar a Adorni a dar explicaciones sobre presuntas irregularidades vinculadas al uso de bienes del Estado y a su patrimonio, en el marco de una investigación judicial en curso. Al mismo tiempo, en el Senado los bloques afines al oficialismo y representantes libertarios abrieron una disputa reglamentaria sobre qué mayorías y procedimientos deben aplicarse para habilitar la interpelación.
Maniobras en Diputados para frenar la sesión especial
La oposición —con firmas de distintos espacios— formalizó la convocatoria para una sesión especial que, según la presentación, debía realizarse el día de la nota con el objetivo de debatir seis proyectos de resolución que piden traer a Adorni al recinto. El pedido incluye, además, iniciativas que proponen una moción de censura como respuesta política a las denuncias judiciales que llevaron a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado.
Desde el oficialismo se movieron rápido: el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, convocó a la reunión de Labor Parlamentaria y aliados propusieron derivar los proyectos a comisión, con el argumento de que el Reglamento exige pasos previos antes de poner algunos temas en la lista de oradores. Nicolás Mayoraz, diputado oficialista, planteó que los planteos se discutan en una reunión informativa en la comisión correspondiente y sin fecha de dictamen, postura que busca postergar el tratamiento en el recinto.
Disenso entre aliados y la oposición sobre el procedimiento
La jugada generó fricciones incluso entre fuerzas que suelen coincidir con el oficialismo: la UCR, el PRO y bloques provinciales anticiparon que no acompañarán la estrategia de la oposición mayoritaria que impulsó la sesión especial, mientras sectores de Unión por la Patria y otras bancadas criticaron la decisión de llevar el debate a comisión.
En el intercambio público, referentes opositores cuestionaron la maniobra oficialista como un intento de protección. En sus palabras:
Foto: tn.com.ar
“debemos abrir el recinto, reunir a 129 diputados y votar su interpelación con moción de censura y obligar a que Adorni venga al recinto a dar explicaciones sobre su patrimonio, que hasta hoy no ha podido justificar frente a millones de argentinos. No hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quorum y votar la interpelación”.
— Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), citado en TN
La disputa constitucional y reglamentaria por el artículo 101
Un eje técnico del conflicto es la interpretación del artículo 101 de la Constitución Nacional y su encaje con el Reglamento de la Cámara de Diputados. Mientras algunos diputados sostienen que el artículo es “operativo” y permite llevar la interpelación directamente al recinto con el quórum requerido, desde el oficialismo sostienen que esa interpretación no anula las exigencias formales del reglamento para tratar asuntos en sesión.
El debate no es solo teórico: determinar si hace falta dictamen de comisión o si alcanza con reunir 129 diputados para votar la interpelación definirá el calendario inmediato. El antecedente citado por los oficialistas es el tratamiento que en 2025 se dio a interpelaciones a otros funcionarios, que según ellos siguió pasos reglamentarios que ahora pretenden replicar.
El Senado, otra cancha del conflicto y el calendario que viene
La controversia se trasladó al Senado, donde líderes libertarios pidieron revisar la interpretación aplicada por la presidencia de la Cámara alta. En una reunión de Labor Parlamentaria previa ya se había acordado incluir pedidos de interpelación en la sesión del 25 de junio; ahora esa inclusión está en disputa y suma presión sobre la agenda legislativa, que también contempla proyectos como la iniciativa de inviolabilidad de la propiedad privada y nombramientos en Cancillería y el Poder Judicial.
Cierre: la semana que sigue estará marcada por reuniones de Labor Parlamentaria y por el cruce de interpretaciones sobre mayorías y comisiones. Si la oposición logra reunir los 129 diputados que exige su lectura del artículo 101, podrá forzar el debate en el recinto; si prevalece el criterio oficialista de derivar los expedientes a comisión, el tratamiento se demorará y la agenda parlamentaria quedará condicionada. Para el Gobierno es clave ganar tiempo; para la oposición, la apuesta es desgastar y convertir el caso en una decisión de la representación legislativa, con consecuencias políticas directas sobre la estabilidad del gabinete.
