La presión sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se intensificó esta semana en el Senado: aliados del oficialismo —principalmente bancadas de la UCR y del PRO— adelantaron que acompañarían una moción de censura si el Gobierno nacional no lo aparta del cargo, un escenario que pone en riesgo la gobernabilidad parlamentaria y compromete la tratativa de leyes clave. La pulseada llegó después de semanas de cuestionamientos por la declaración jurada y el desempeño de Adorni ante el Congreso, y promete definir el ritmo legislativo inmediato.
El conflicto se instaló cuando varios senadores aliados al Gobierno hicieron pública su exigencia de una definición clara desde la Casa Rosada. Legisladores como Flavia Royón, Martín Goerling Lara, Eduardo Vischi, Carolina Losada y Maximiliano Abad se pronunciaron en términos críticos y condicionaron su apoyo parlamentario a una salida o a un avance judicial que implique imputación o procesamiento. Según las fuentes, la mayoría que el oficialismo dispone hoy en el Senado quedó resquebrajada por esas señales y por las negociaciones entre gobernadores y funcionarios nacionales.
La tensión llega además en un momento en que la agenda legislativa enfrenta obstáculos: la sesión donde iban a tratarse proyectos con dictamen, entre ellos el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y pliegos de jueces, fue levantada para evitar que avance un pedido de interpelación a Adorni. Ese freno muestra el costo político que la disputa presidencial por la continuidad del jefe de Gabinete ya tiene sobre la gestión de temas priorizados por el Ejecutivo.
Presión desde las bancadas aliadas
Las voces que piden la renuncia o el apartamiento de Adorni no provienen únicamente de la oposición tradicional. En el PRO, el senador Martín Goerling Lara sostuvo que "la situación no da para más" y apuntó a la necesidad de una resolución inmediata desde el Ejecutivo. En la UCR, Maximiliano Abad fue aún más directo: "Adorni se tiene que ir", manifestó, lo que refleja la exigencia de una definición que evite la ruptura de apoyos clave.
Foto: tn.com.ar
"El límite fue el informe que dio en Diputados, donde le ha mentido al Congreso y a toda la Argentina" (Martín Goerling Lara, senador PRO).
Las críticas se cruzan con advertencias formales sobre la posibilidad de recurrir a la moción de censura en el Senado si el Gobierno no actúa. Flavia Royón planteó que el curso de la investigación judicial será decisivo y dijo que, en caso de imputación o procesamiento, Adorni "tiene que dar un paso al costado"; la senadora cordobesa Alejandra Vigo fue más tajante al afirmar que no puede seguir ocupando un cargo de tanta responsabilidad si persisten las dudas sobre su conducta.
Gobernadores, negociaciones y agenda trabada
El Ejecutivo no se quedó al margen: ministros y funcionarios con llegada a los gobernadores buscaron recomponer el apoyo. El ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem, mantuvieron contactos con mandatarios provinciales que influyen en bloques del Senado. Entre los gobernadores mencionados en las gestiones figuran Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco), señalados como clave sobre un tercio de los diez senadores radicales.
Foto: tn.com.ar
Esos contactos explican, según las fuentes, la decisión de levantar la sesión prevista: el oficialismo prefirió evitar un debate que pudiera derivar en una votación conflictiva o en la aprobación de pedidos de interpelación que intensificarían la crisis. En paralelo, hubo conversaciones con referentes del PRO y con gobernadores como Rogelio Frigerio, en busca de un respaldo más firme para la estrategia del Ejecutivo.
Qué sigue: plazos y riesgos políticos
Manuel Adorni anunció que asistirá al Senado el 2 de julio para brindar su informe de gestión, una comparecencia que será clave para medir el grado de desgaste político y las chances de evitar una moción de censura. Si la Justicia avanza con imputaciones, varios aliados ya dijeron que eso podría forzar su salida; en caso contrario, el escenario dependerá de una negociación política entre Casa Rosada, gobernadores y los jefes de bloque en la Cámara alta.
El impacto concreto es doble: por un lado, la posibilidad de que proyectos con dictamen sigan paralizados mientras se dirime la continuidad del jefe de Gabinete; por otro, la creciente exposición del Gobierno ante fracciones propias que demandan claridad. La semana que viene, la expectativa se concentra en el informe del 2 de julio y en cualquier novedad judicial que pueda modificar la ecuación parlamentaria.
Cierre: la crisis por la continuidad de Adorni no es solo una disputa de nombres, sino un test temprano de la capacidad del Ejecutivo para sostener mayorías y avanzar con su programa legislativo. Si no hay una definición política rápida o un resultado judicial determinante, la alternativa inmediata es una pulseada en el Senado que podría incluir una moción de censura con consecuencias para la gobernabilidad y la agenda del Gobierno.
