Buenos Aires, 30 de mayo — El Fondo Monetario Internacional (FMI), presidido por Kristalina Georgieva, incluyó la lucha contra la corrupción entre los “desafíos pendientes” para la Argentina y puso en tela de juicio el manejo del gobierno de Javier Milei sobre las políticas de integridad y transparencia, en la segunda revisión del Artículo IV que autorizó un desembolso por US$ 1.050 millones. La advertencia llega en un momento político sensible y suma presión sobre el Ejecutivo por la percepción de debilidades institucionales que afectan la confianza inversora.
El documento técnico del organismo, conocido este fin de semana, releva indicadores y evaluaciones internacionales que muestran preocupaciones concretas: Argentina obtuvo una puntuación de 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, y el FMI apunta a insuficiencias en la verificación y publicación de las declaraciones patrimoniales, así como a normas porosas en conflictos de interés y señales de politización judicial.
Qué cuestionó puntualmente el organismo
El Box 9 de la revisión reúne los principales reclamos del Fondo sobre gobernanza. El FMI no sólo advierte sobre la calidad de los marcos preventivos, sino que reclama una mayor capacidad de aplicación y transparencia en los procedimientos internos que deberían reducir el riesgo de conducta irregular entre funcionarios.
"Es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual" — Fondo Monetario Internacional (Box 9, Segunda Revisión Artículo IV).
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Además, el informe señala que las normas sobre conflictos de interés “siguen limitadas por reglas porosas” y que la percepción de una independencia judicial restringida, junto a demoras en causas de alto perfil, constituyen una barrera para la rendición de cuentas: observadores internacionales y evaluaciones locales habrían detectado fallas que el FMI considera relevantes para la estabilidad institucional.
Repercusiones políticas y puntos de fricción
En el plano doméstico la advertencia coincide con decisiones del Ejecutivo que tensan la agenda: la prórroga del vencimiento para presentar declaraciones juradas del 30 de mayo al 31 de julio y la investigación pública sobre nuevos inmuebles atribuidos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que según la Agencia NA aún no presentó su declaración patrimonial, alimentan el debate público sobre transparencia.
El señalamiento del FMI puede influir en el debate legislativo y en la percepción internacional sobre la gobernabilidad argentina. El gobierno, que en los últimos meses envió una batería de proyectos —entre ellos una reforma de la Ley de Sociedades—, deberá demostrar medidas concretas para responder a las críticas del organismo si quiere mitigar el impacto político y económico.
Riesgos económicos y financieros ligados a la gobernanza
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El informe del FMI además conecta los déficits institucionales con riesgos macrofinancieros: mientras analiza la debilidad en la supervisión y en la aplicación de normas, también advierte sobre el deterioro de préstamos en mora, especialmente en consumo, y la dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo por parte de fondos comunes de inversión.
El organismo recuerda que la morosidad de los hogares mostró un salto importante y cita datos oficiales del Banco Central: la morosidad llegó al 11,5% en marzo, con un incremento de más de ocho puntos porcentuales respecto al mismo mes anterior, lo que eleva la vulnerabilidad del sistema financiero ante shocks de confianza o cambios en el acceso al crédito.
El FMI agrega que se están reforzando la supervisión de instituciones financieras no bancarias y el monitoreo del crecimiento fintech, donde los préstamos en mora resultan especialmente altos, como parte de una respuesta técnica a esos riesgos.
Cierre: qué puede pasar ahora
La advertencia del Fondo abre una ventana de presión internacional y política para el gobierno de Milei: en los próximos meses el Ejecutivo tendrá que mostrar avances concretos en transparencia, controles patrimoniales y fortalecimiento judicial para reducir la percepción de riesgo, y el Congreso será un escenario central si llegan iniciativas formales. Para los mercados y los acreedores, la respuesta del gobierno a estas observaciones será clave para sostener la confianza y las futuras negociaciones con el FMI y otros organismos multilaterales.
