El oficialismo desplegó este martes una contraofensiva en ambas cámaras del Congreso para impedir que prosperen los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una iniciativa impulsada por la oposición en medio de una investigación judicial que pone en juego su continuidad y la agenda parlamentaria próxima.
La discusión estalló después de que varios bloques opositores —entre ellos Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas— presentaran seis proyectos de resolución solicitando que Adorni brinde explicaciones sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y su situación patrimonial. Los pedidos incluyen además tres iniciativas que proponen una moción de censura para desplazarlo de la Jefatura de Gabinete, en el marco de una investigación que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Maniobras en Diputados para desactivar la sesión especial
En Diputados, la oposición formalizó la convocatoria de una sesión especial para las 14 con el objetivo de someter a debate las citaciones; la resolución que oficializó la convocatoria fue firmada por el secretario parlamentario Adrián Pagán. Frente a esa iniciativa, el oficialismo y bloques afines buscaron contener el avance proponiendo que las iniciativas sean tratadas primero en comisión mediante reuniones informativas, una táctica que podría postergar cualquier votación en el recinto.
La pulseada se concentró en la necesidad de reunir 129 diputados presentes para habilitar el debate en el recinto. El presidente de la Cámara, Martín Menem, convocó a Labor Parlamentaria para definir el cronograma, mientras que sectores dialoguistas como la UCR y el PRO adelantaron que no acompañarán la estrategia de Unión por la Patria, apuntando a diluir el tratamiento inmediato.

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Críticas opositoras y acusaciones de protección política
La estrategia oficial generó críticas desde la oposición más dura, que denunció un intento de protección sobre el funcionario. En ese marco, el diputado Germán Martínez cuestionó la maniobra oficialista:
“Ahora convocan a una comisión, expresando que es ‘informativa’ y sin fecha de dictamen. ¿Los bloques ‘amigables’ se prenderán en esta jugada? ¿Seguirán arrodillados frente al gobierno?” — Germán Martínez, diputado de Unión por la Patria.
Desde filas opositoras también se escucharon llamados a forzar la discusión en el recinto: el diputado Maximiliano Ferraro sostuvo que hay que reunir el quórum y votar la interpelación para obligar a Adorni a dar explicaciones públicas sobre su patrimonio, postura que enfrenta la interpretación oficialista del procedimiento.
Disputa reglamentaria por el artículo 101 y el rol del Senado

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La pelea no fue sólo política: abrió una discusión técnica sobre la interpretación del artículo 101 de la Constitución y las mayorías necesarias para aprobar tanto la interpelación como una eventual moción de censura. Los libertarios en el Senado, según lo informado, buscan revisar el criterio parlamentario que habilitó el tratamiento de la iniciativa, lo que complejiza aún más el cronograma que pretendía la oposición.
El debate sobre si hace falta dictamen de comisión o si alcanza con reunir el quórum en el recinto es central: para la oposición que pide la interpelación no son necesarias comisiones ni dictámenes, mientras que el oficialismo insiste en que la vía reglamentaria clave exige otro procedimiento, postura que podría bloquear el avance rápido de las citaciones.
La situación se agrava porque tres de las iniciativas impulsan además una moción de censura, que para prosperar requiere mayorías políticas segmentadas y puede quedar atada a cálculos de gobernadores y bloques provinciales que todavía no definieron su voto.
En paralelo, la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra a Adorni sigue su curso bajo la órbita del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, un marco que alimenta la presión política pero no reemplaza los procedimientos legislativos.
En cierre, la definición pasará por la reunión de Labor Parlamentaria convocada por Menem y por las negociaciones en comisión: si el oficialismo consolida la postergación en comisiones, la oposición perdería la chance de forzar una votación inmediata; si, en cambio, logra reunir 129 diputados, podrá llevar la discusión al recinto con la promesa de votar la interpelación. El resultado marcará no sólo el futuro inmediato de Adorni, sino también la capacidad del Congreso para dirimir crisis políticas en torno a funcionarios de alto rango.



